Las bases para poner en marcha el nuevo sistema de salud, con el cual la administración federal busca garantizar la cobertura de servicios y los medicamentos gratuitos, quedaron establecidas en la Ley de Ingresos de 2022 y las reglas de operación de este año del programa IMSS-Bienestar (I-B). Pero hay temas pendientes, como las condiciones laborales de los trabajadores. Varios de ellos, de diferentes hospitales, afirmaron que nadie les ha informado y no existe algún documento oficial que lo explique.

El asunto es un desafío, pues sólo en la Secretaría de Salud (Ssa) existen 17 tipos de contratos. Además, están los nuevos, suscritos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero si el administrador será I-B, ¿cómo quedamos, qué pasará con los sindicatos?, se preguntan los empleados.

Otro asunto es que, de acuerdo con el investigador Gustavo Leal, la adopción de I-B como pilar del nuevo plan de salud requiere otro modelo de atención, pues las personas sin seguridad social viven en áreas semiurbanas y urbanas, con necesidades distintas a las de zonas rurales, para las cuales fue concebido en 1979. Actualmente, las características de las personas sin acceso a la seguridad social son diferentes. Eso no lo ha reconocido ninguno de los tres acuerdos firmados con los estados de Nayarit, Colima y Tlaxcala, indicó.

No obstante, el planteamiento de que I-B sea la base para el nuevo sistema sanitario se definió en la Ley de Ingresos y las reglas de operación, donde se establece que el programa contribuirá a garantizar la universalidad de los servicios de salud, para lo cual podrá suscribir convenios o acuerdos y recibir recursos económicos.

El primer documento indica que ese dinero podrá aplicarlo con cargo a recursos propios o de libre disposición, o bien a los recursos del fondo de aportaciones, y acota que las entidades federativas deben encargarse de que no haya deudas, gravámenes u obligaciones pendientes.

El IMSS no asumirá, en ningún caso, el cumplimiento de obligaciones adquiridas por los estados antes de la firma de los acuerdos, dice.

Ese es otro pendiente que las autoridades tampoco han explicado si está resuelto. Al inicio de la actual administración, la Ssa tenía el registro de deudas pendientes de los estados, por más de 45 mil millones de pesos. El monto se había acumulado desde 2012 por lo menos, de acuerdo con datos oficiales.

Gustavo Leal, especialista en seguridad social, explicó que el plan debería tener en un capítulo aparte el aspecto laboral. Entre los trabajadores del sector hay incertidumbre, sobre todo en quienes tienen plazas por honorarios, eventuales o guardias. Están a la espera de la prometida regularización, pero las señales no son claras porque al parecer, comentaron, se da preferencia al personal que ingresó al sistema de salud durante la pandemia de covid-19 y ya dependen del Insabi.

En cambio, las personas con antigüedades de varios años siguen sin noticias sobre su futuro laboral.

Al respecto, el director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó en un video difundido en redes sociales que el nuevo esquema de salud no significa despido de personal ni vulneración de derechos laborales. Es una transición, dijo, sin dar más detalles.