San Salvador., Un juzgado de la capital salvadoreña notificó ayer a siete militares en situación de retiro los delitos que les imputa el Ministerio Público por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ejecutado por un comando del ejército en 1989, cuando ocupaban altos mandos dentro de la fuerza armada.

El ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), y el ex diputado de la Asamblea Legislativa Rodolfo Parker, también vinculados a la matanza, no se presentaron ni enviaron a sus abogados, al igual que el mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, informó el Ministerio Público a la agencia de noticias Ap.

En la lista de imputados también aparecen los coroneles René Emilio Ponce y Francisco Elena Fuentes, ya fallecidos, así como el coronel Inocente Orlando Montano, quien ya cumple una condena en España por la matanza.

En septiembre de 2020, un tribunal español condenó a Montano a 133 años de prisión por la muerte de los cinco sacerdotes jesuitas españoles durante la sangrienta guerra civil.

En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, los militares ingresaron al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y asesinaron a cinco sacerdotes jesuitas españoles, entre ellos el ideólogo de Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, además de un jesuita salvadoreño, la cocinera y la hija de ésta.

El ex jefe de la fuerza aérea, general retirado Juan Rafael Bustillo, el único militar que se presentó ante el juzgado para escuchar los cargos, dijo ser un hombre responsable, y por eso he venido aquí, para que todos sepan que yo no me ando escondiendo.

El Ministerio Público presentó una acusación contra Cristiani y Parker, quien en esa época se desempeñaba de asesor jurídico del Estado Mayor, y contra 11 altos mandos militares de la época a los que se vincula con la autoría intelectual de la matanza. La decisión de encausar a estos implicados se origina luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificó su decisión de reabrir el caso.

A Cristiani lo acusan de omisión en el caso de la matanza, mientras Parker es señalado por los delitos de fraude procesal y encubrimiento.

Según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992), existe plena prueba de que Parker alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos mandos en los asesinatos.