Implicado en homicidio de candidato de MC
La fiscalía de Veracruz aún puede impugnar la resolución de juez de distrito
Jueves 10 de marzo de 2022, p. 24
Xalapa, Ver., Un juez de distrito concedió ayer un amparo a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, detenido por su presunta participación intelectual en el homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones de Herrera, para que en 10 días el juez de control lo llame a audiencia y le otorgue la libertad inmediata.
De acuerdo con la Ley de Amparo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz puede impugnar la resolución en ese mismo plazo, con lo cual el caso llegaría a un tribunal colegiado de circuito y podría extenderse tres meses más.
En la audiencia del miércoles, en presencia de la defensa de Del Río Virgen y un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juez de distrito concedió la razón al imputado en que no existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
La noticia fue bien recibida por los allegados al funcionario del Senado, aunque con reservas por el plazo con que cuenta la FGE para recurrir al amparo. Al cierre de esta edición las autoridades estatales no se habían manifestado al respecto.
José Manuel del Río Virgen fue detenido el 22 de diciembre de 2021 en los límites entre Veracruz y Oaxaca por elementos de la Policía Ministerial de la primera entidad, cuya fiscalía, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, lo acusó de ser el autor intelectual del asesinato de René Remigio Tovar Tovar, abanderado de MC a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, en junio de ese año.
Seis días después, el juez de control Reyes Contreras lo vinculó a proceso tras 27 horas de audiencia, sin referir ningún acto ni presentar pruebas sobre la participación del inculpado, lo que fue duramente criticado por círculos de abogados.
Del Río Virgen, de 67 años, originario de Córdoba, fue munícipe de Tecolutla y diputado federal en dos ocasiones. En 2000 realizó 40 asambleas constitutivas en el país que contribuyeron a la fundación de Convergencia por la Democracia, cuyo proyecto político encabezaba Dante Delgado Rannauro.
A finales de 2021 había acompañado al senador de Morena Ricardo Monreal Ávila en su exigencia de que fuera derogado el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz por ser violatorio de los derechos humanos. Particularmente, pugnaron por la libertad de seis jóvenes detenidos por ese ilícito en septiembre de ese año.
El caso provocó un enfrentamiento entre Monreal y el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, quien insistía en que la reforma al Código Penal se hizo para proteger a las fuerzas del orden y encarcelar delincuentes.
El senador insistía que en Veracruz se habían integrado carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad sin pruebas de las agresiones a la policía y los ciudadanos estaban siendo encarcelados en forma injusta.
En medio del alegato, un juez federal liberó a los seis encarcelados por el delito de ultrajes, después de que se presentaron videos del centro comercial donde fueron arrestados, los cuales demostraron que los acusados no opusieron resistencia.
Una semana después de la excarcelación de los jóvenes, Del Río Virgen fue aprehendido y se avivó la confrontación entre el gobierno estatal y los senadores, quienes crearon una comisión especial para investigar los abusos de autoridad en Veracruz, que pese a desaparecer un par de semanas después, documentó 90 casos de violaciones a los derechos humanos.
Tras la fallida comisión especial, Dante Delgado creó el Movimiento por la Justicia, para dar seguimiento al asunto de Del Río Virgen y otros casos de abuso de poder.
El pasado primero de marzo el movimiento celebró la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes declararon la invalidez del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, el cual tipifica el delito de ultrajes a la autoridad.
Por el mencionado delito fueron detenidas mil 33 personas en la entidad, según la fiscalía veracruzana. Además, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió más de 30 quejas por detenciones a partir de este tipo penal.