Debido a que padece covid Isaac Pérez Rodríguez, uno de los litigantes investigados por integrar una red de abogados que presuntamente cometió actos de corrupción y extorsión a empresarios y políticos, se difirió la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) también imputaría a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández y David Gómez Arnau.

Por su parte, González Hernández obtuvo la suspensión provisional de un juez federal contra orden de aprehensión, detención, presentación y/o comparecencia que se haya librado en su contra.

El juez José Rivas González, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, emitió un acuerdo en el que se notifica la postergación de la audiencia en la cual la FGR presentaría las pruebas con las cuales se pretende que el juzgador vincule a proceso a los cuatro acusados a quienes se considera responsables de los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita con apoyo del ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal Julio Scherer Ibarra.

En el acuerdo dictado a las 20:03 del lunes (cuya copia posee La Jornada), se indica que Pérez Rodríguez solicitó que se justificara su inasistencia a la audiencia inicial en virtud de haber dado positivo a la prueba PCR de covid-19 y entregó constancia para acreditar esa circunstancia.

“En atención a todo lo anterior y, a efecto de procurar una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, en términos del artículo 17 constitucional, así como (para) evitar dilaciones innecesarias que sólo retrasan la secuela procesal en la causa en que se actúa, lo procedente es diferir la audiencia de que se ha dado noticia, y señalar como nueva hora y fecha las 13:30 horas del 7 de abril para que tenga verificativo la misma.

Lo anterior, para poder estar en óptimas condiciones para que tanto el agente del Ministerio Público de la Federación como los imputados y sus respectivos defensores, en su caso, expongan a este juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, para así mantener la objetividad e imparcialidad del desarrollo de la diligencia, garantizando la igualdad entre los contendientes, para valorar la racionabilidad de los argumentos expuestos por las partes.