El feminicidio continúa siendo un lastre para el país. Las cifras son demoledoras: en 2021 se registraron oficialmente 966 casos, es decir, en promedio dos por día. Agosto pasado fue el mes más mortífero desde que en 2015 comenzaron a contabilizarse los feminicidios con 112 mujeres asesinadas.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta del crecimiento sostenido de la violencia feminicida en México. De 2015 a 2021, los crímenes contra mujeres aumentaron 241 por ciento, al pasar de 412 a 996. Para defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas no hay otra conclusión: aún enfrentamos la resistencia de autoridades federales, estatales y municipales para reconocer el grave problema de la violencia de género.

El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destaca que en 2020 al menos 4 mil 91 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidio en la región, y de esas cifras, 949 correspondieron a México (23.1 por ciento) lo que ubicó al país entre las naciones con las tasas más altas en este delito.

Desde 2007, según el informe Violencia Feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias, publicado en 2020 por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y ONU-Mujeres, los homicidios contra ellas se dispararon en la nación, al incrementarse en ese periodo, de poco más de un millar, a 3 mil 750 en 2019.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reconoce avances en la lucha contra este flagelo, pero también los considera exiguos. Si al feminicidio sumas los delitos sexuales y la desaparición de mujeres y niñas, la violencia se te vuelve un abismo. Las acciones que se realizan desde el ámbito federal y local siguen siendo insuficientes, porque no se quiere reconocer que el problema va más allá de los hogares, es diverso, apunta.

Sin acceso a la justicia

María Patricia Becerril, madre de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, emprendió hace casi cuatro años una lucha para que el asesinato de su hija sea investigado como feminicidio y no como suicidio, pues así fue clasificado por la fiscalía de Puebla, la cual prejuzgó, más no investigó cómo sucedieron los hechos, asegura.

En entrevista con La Jornada, cuenta que su familia vive un verdadero calvario desde el 15 de mayo de 2018, cuando le informaron que su hija, médica que cursaba su especialidad en pediatría, se “suicidó… Enfrentamos la simulación de las autoridades y desconocemos por qué no quieren realizar la investigación correctamente”. Agrega que la supuesta carta de despedida de Zyanya no fue escrita por ella, como comprobó un estudio pericial independiente, ni tampoco se demostró ningún antecedente de depresión, por lo que exigimos una investigación conforme a los protocolos de género.

Señala que con el apoyo del OCNF obtuvieron un amparo del Tribunal Superior de Justicia de Puebla para que se realice la indagatoria como se debe, pero seguimos en la misma. No se toma con seriedad (el caso) y nos condenan a una investigación infructuosa que prolonga la lucha por la justicia.

La coordinadora del observatorio considera que ante los feminicidios, los mayores desafíos que se enfrentan es la falta de rendición de cuentas y la impunidad. Se tipificó el delito de feminicidio en todo el país, pero con interpretaciones diversas; hay protocolos y fiscalías especializadas, se crearon las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (hay 25 vigentes en el país) como mecanismo de auxilio ante contextos graves de violencia contra las mujeres, pero no se evalúan sus resultados, explica.

Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, resalta que casi en todos los estados los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios. Ante las críticas de activistas y familiares de las víctimas por la falta de resultados, defiende que desde el gobierno sí hay una respuesta contundente en ordenar y sistematizar para garantizar la atención de los casos.