os intereses económicos combaten la iniciativa de reforma eléctrica con una andanada mediática plagada de mentiras y argumentos insostenibles. Se dice, por ejemplo, que aumentarán las tarifas por mayores costos de generación y falta de inversiones en infraestructura. Es falso. La iniciativa propone que se genere y despache la energía de menor costo social. Para tal efecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá generar con las fuentes de energía más económicas, comprar la electricidad privada que resulte más barata para el servicio público, y despachar las centrales en orden de mérito económico. Aunado a lo anterior, los costos tenderán a bajar por efecto de la reintegración de la CFE en una sola empresa, la desaparición de las redundancias administrativas, el cese de la dispersión en la toma de decisiones, pero también por la cancelación de los subsidios ilegítimos y el restablecimiento de la planeación de mínimo costo. La planeación integral de generación, transmisión y distribución permitirá reducir las necesidades de inversión y financiar con recursos propios la construcción de infraestructura suficiente, robusta y resiliente. Tan sólo la eliminación de los subsidios ilegítimos le permitirá a la hacienda pública ahorrar 490 mil millones de pesos anuales.
Se dice que habría daños en las finanzas públicas por subsidiar las actividades de la CFE. La iniciativa busca evitar que se llegue a una situación en la que se tenga que subsidiar a la empresa pública por el boquete que todo tipo de subsidios dejan en sus finanzas. Agricultores y hogares de bajos recursos pagan tarifas por debajo de su costo real, una parte del subsidio resultante se fondea con presupuesto aprobado por el Congreso y el resto lo asume CFE (entre 70 y 50 mil mdp respectivamente). Son subsidios legítimos decididos por la representación popular. Los subsidios que no tienen razón de ser son los que reciben empresarios ricos que pagan los servicios de porteo, respaldo y servicios conexos sin cubrir la totalidad de los costos que paga la CFE. Los intentos de la 4T para ajustar las tarifas han sido bloqueados en los tribunales porque esos poderosos empresarios se niegan a pagar la parte que les toca.
Se dice que las sociedades de autoabasto son completamente legales. En la actualidad existen 239 centrales de autoabasto que cuentan con 77 mil 767 clientes. Tales sociedades simulan generar electricidad para autoconsumo, pero en realidad efectúan operaciones de compraventa, a partir de una central construida y operada por una compañía privada, la mayoría de las veces extranjera. En otras palabras, la central vende electricidad a un conjunto de clientes utilizando la red eléctrica del Estado. En el segundo foro del parlamento abierto organizado por el Congreso para analizar la iniciativa, el presidente de la Concamin confesó que las compañías eléctricas privadas venden electricidad a la industria y citó el caso del sector automotriz**. El problema es que las compañías no tienen autorización para vender electricidad en el marco jurídico que dio origen a esas sociedades. La reforma energética de 2013 dio continuidad a la inconstitucionalidad en que incurre ese comercio de electricidad desde 1992.
La CFE está contra las fuentes renovables y quiere seguir generando energía cara y sucia. El dato duro es que 38 por ciento de la electricidad que genera la CFE proviene de energías limpias; en cambio, el sector privado apenas llega a 20 por ciento. Así, el parque de centrales públicas ya cumplió con el compromiso internacional de México de generar con energía limpia 35 por ciento de la electricidad en 2024. El incumplido es el sector privado, a pesar de que se ostenta como el más cuidadoso con el ambiente. La CFE inyecta 55 por ciento de la energía limpia en el sistema eléctrico nacional y los privados 45 por ciento. Los generadores privados aportan la mayoría de la electricidad sucia generada en el país. De la energía fósil inyectada al sistema eléctrico, los privados son responsables de 67 por ciento, mientras la CFE sólo participa con 33 por ciento. Además, es la energía hidroeléctrica la que está soportando el sistema cuando no hay sol ni viento. Hacia adelante, la iniciativa hace de transición energética basada en energías renovables una obligación del Estado y un mandato para la CFE.
Sordos y ciegos, los promotores de la guerra mediática prefieren mentir y repetir la misma falsedad miles de veces para confundir a la sociedad y desacreditar al gobierno y a su iniciativa. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental asegura en redes sociales que bajo las reglas actuales, las energías renovables tienen preferencia en la inyección al sistema eléctrico. Eso se debe a que cumplen con el criterio de sustentabilidad; es decir, no contaminan. La iniciativa de reforma eléctrica busca eliminar el criterio de sustentabilidad y la obligación del gobierno de distribuir primero la energía generada por medio de fuentes renovables para dar prioridad al combustóleo y al carbón, fuentes altamente contaminantes
. Esas afirmaciones son falsas. El criterio de sustentabilidad al que se hace referencia no se contempla en la legislación mexicana y, por tanto, la iniciativa no puede cambiar algo que no existe. Tampoco existe la obligación del Estado de distribuir primero la energía generada por medio de fuentes renovables, el despacho se realiza utilizando criterios económicos de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica. En ninguna de sus partes la iniciativa propone que el carbón y el combustóleo tendrán prioridad. El despacho seguirá siendo en orden de mérito económico. La energía cara, en la ocurrencia la más contaminante, se despachará al final. La competitividad de la energía eólica y solar les garantiza los primeros sitios, independientemente de la organización, regulación y propiedad de la industria eléctrica, a menos que esa competitividad sea falsa o espuria y sus promotores no estén contando toda la verdad sobre las renovables.
* División de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, UNAM, y colaborador del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del Conacyt.
