Mientras en las principales ciudades del país iniciará la comercialización de Internet de quinta generación, con una inversión de mil 800 millones de dólares por América Móvil sólo este año, la brecha digital entre los estados persiste y responde al nivel de ingresos de su población.

Datos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha actualizado desde marzo del año pasado, muestran que en Chiapas había 43 líneas de acceso a redes móviles por cada 100 habitantes, le sigue Oaxaca con 54; en contraste, en la Ciudad de México y Sonora hay 94 por cada 100 habitantes, parámetro que incluye a la población infantil.

Una de las promesas reiteradas por la actual administración es que todo el territorio nacional contará con acceso a Internet. Desde los primeros meses de su gobierno, el presidente López Obrador reprochó la falta de inversión por parte de empresas privadas para dar cobertura en telecomunicaciones a las comunidades más apartadas.

En ese sentido, el mandatario anunció la creación de la empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que si bien se presentó como la columna para acercar el servicio a las comunidades más apartadas, hasta ahora se ha centrado en conectar espacios públicos con Internet gratuito, según consta en las estadísticas de su página oficial.

Hasta la fecha, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos reportan la conexión de 14 mil 795 sitios públicos, entre ellos escuelas y centros de salud, la mayoría en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla y Zacatecas. Eventualmente, desplegará infraestructura propia para cubrir a 7.8 por ciento de la población a la que no llegará la Red Compartida en 2024.

Es en esta última –a cargo de Altán Redes, la cual se encuentra en concurso mercantil desde noviembre– donde realmente se recarga la política de conectividad en el país. De acuerdo con las modificaciones que se han hecho a su concesión, la Red Compartida debe dar cobertura a 70 por ciento de la población en 2022. Y para 2024 debe alcanzar a 92.2 por ciento.

Sin embargo, más allá de que el despliegue de cobertura para llegar a las comunidades más apartadas se encuentra atado al proceso de restructura financiera de Altán, cerrar la brecha digital no sólo pasa por la falta de infraestructura o el asumido desinterés del mercado para atender las localidades marginadas, sino por la falta de ingresos de la población.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 56.7 de la población en el país no cuenta con acceso a Internet porque no lo puede pagar, ya sea en su modalidad fija o móvil.