En Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar el abasto nacional de alimentos básicos, existe una trama de corrupción cuyas huellas se pueden rastrear hasta su creación y en la que se han visto involucrados funcionarios que fundaron el organismo, y por la que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado más de 20 carpetas para indagar actos de corrupción.

Las irregularidades que han sido detectadas, documentadas y denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) incluyen la entrega de múltiples contrataciones sin licitación, compras simuladas, gastos no acreditados y hasta la utilización de 8 millones de pesos de recursos públicos para invertir en el mercado de valores, mismos que ya fueron recuperados.

Funcionarios federales revelaron que el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Control Competencial (Fecoc), cuyo encargado es Juan Ramos López, uno de los hombres más cercanos al fiscal Alejandro Gertz Manero, y a quien corresponderá indagar irregularidades que abarcan la asignación directa de contratos a organizaciones que son investigadas por ser empresas fachada, pero que lograron operaciones que sumarían más de mil millones de pesos, de acuerdo con la denuncia presentada por la ASF.

Este diario buscó a autoridades de Segalmex, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de la que depende, para hablar sobre las presuntas irregularidades, pero señalaron que todo lo lleva la SFP.

Las primeras denuncias fueron presentadas a los pocos meses del inicio de operaciones del organismo y apuntan como un actor central a René Gavira Segreste, quien llegó a Segalmex junto con su director, Ignacio Ovalle Fernández, y entre 2019 y julio de 2020 se desempeñó como director de Administración y Finanzas.

En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex-Diconsa-Liconsa ante la SFP de haber contratado a su sobrina y su tío, incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios, contratar un guardaespaldas con recursos públicos y realizar despidos injustificados, según un extracto de una denuncia obtenido vía transparencia.

No obstante, los señalamientos más graves están relacionados con su papel como responsable de haber otorgado multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa.

El ex funcionario fue responsable en 2019 de la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de ser participantes de un esquema de contratación ilegal. Se trata de las firmas Fruverloz y Professional Bright XRW, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Gentsai Hoon y Denoter, cuya contratación generó un probable daño al erario por 249 millones de pesos, según auditorías realizadas por la ASF.

El ex funcionario estuvo a cargo de la entrega de un contrato por 245 millones de pesos para la renta de equipo de laboratorio a Micro Credit SAPI de CV, empresa sin empleados registrados ante el IMSS y que subcontrató a una compañía inhabilitada por la SFP, según una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control de Diconsa.

Otros funcionarios señalados son Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, quien firmó diversos contratos de adjudicación directa que son investigados por la SFP, y Bernardo Fernández Sánchez, ex director de Operaciones de Liconsa, quien antes de integrarse al equipo de Ovalle se desempeñaba como socio de Grupo Kosmos, que entre 2016 y 2018 obtuvo contrataciones públicas por cerca de 4 mil millones de pesos, y a la que Segalmex entregó un contrato por 15 millones de pesos sin licitar cuando ya era funcionario.

Asimismo, hay indagatorias relacionadas con actos de corrupción que se integran en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, que encabeza la fiscal María de la Luz Mijangos, y ya ha ejercitado acción penal en algunos casos, pero no se ha dado difusión por parte de la FGR.