El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contabiliza en tribunales y juzgados de todo el país 717 asuntos relacionados con amparos para que se vacune contra el covid-19 a menores de 12 años de edad. Abogados que litigan estos asuntos advierten que se han tenido que enfrentar a juzgadores antivacunas.

Los amparos, muchos de ellos colectivos, impugnan la Política Nacional de Vacunación que estableció la aplicación del inmunológico por estratos de edad, empezando por los adultos mayores, pero no incluye hasta el momento a la población menor de 12 años.

Ángel Gutiérrez García, médico y abogado, quien promovió varios de los primeros recursos legales en la materia, afirmó que hay todavía juzgados que ignoran la eficacia de las vacunas, y lo digo porque señalan, de manera errónea, que los biológicos no salvan vidas.

Los citados procedimientos jurídicos en contra de los actos u omisiones por parte de la autoridad se basan en tres puntos: el derecho a la salud, el interés superior del menor y el derecho a la no discriminación, todos se fundan en la Constitución y en diversos tratados internacionales firmados por México, en los cuales se garantiza que, en cualquier asunto, incluidas las políticas públicas y acciones de gobierno, debe privilegiarse a niños y adolescentes.

Esto incluye las medidas sanitarias de las que, en el caso de la inmunización contra el covid-19, los quejosos afirman que se discrimina a los menores de 12 años.

Aunque en varios de estos amparos los jueces de primera instancia han otorgado suspensiones provisionales que han permitido a los menores recibir las vacunas, esto no ha ocurrido en todos los casos.

Gutiérrez García narra sobre un expediente en el cual el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México se ha negado a admitir una queja contra la Secretaría de Salud.

Además de pelear con el Estado mexicano por la omisión, estamos peleando con el juez, lo que es insólito, por qué debería de garantizar el derecho de acceso a la salud que ya se reconoció por sus superiores jerárquicos; en cambio, el togado impide, creo que a toda costa, que la Secretaría de Salud cumpla con esta orden judicial, afirmó el abogado.

Los datos del CJF señalan que el mayor número de asuntos legales sobre este tema se está litigando en juzgados y tribunales federales de la capital del país, estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato e Hidalgo.

Debido a que los fallos de los juzgados de primera instancia han sido contradictorios, varios quejosos han solicitado que el tema ya sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que existe lo que técnicamente se conoce como contradicción de tesis.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los tribunales colegiados a los que han llegado las quejas por amparos no otorgados ha accedido a llevar el tema hasta el máximo tribunal del país.