Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la respuesta al conflicto en la mina de Cananea, Sonora, se limita al Plan de Justicia para la región, que se presentó en noviembre pasado, pero que no incluye a los más de 600 mineros que desde hace casi 15 años están en huelga.

Interrogada ayer sobre la situación en la que sobreviven los mineros de la sección 65 y que son boletinados por Grupo México para que nadie los contrate en Cananea, la STPS no dio una respuesta sobre el conflicto en la mina de cobre.

Esta semana, La Jornada ha documentado en un amplio reportaje la lucha que han mantenido los trabajadores cananenses, sin que hasta la fecha su situación se resuelva.

El movimiento de Cananea, junto con el de San Martín en Sombrerete, Zacatecas, y de Taxco, Guerrero, son las tres huelgas históricas que están a punto de cumplir tres lustros, y que estallaron debido a las reiteradas violaciones a los contratos colectivos.

Pensiones

Los beneficiarios hasta ahora del Plan de Justicia mencionado son ex trabajadores mineros que años atrás aceptaron la liquidación ofrecida por Grupo México y que no recibieron ningún tipo de seguridad social durante su vida laboral.

Se trata de un grupo de 476 personas que no alcanzaron una pensión de retiro y que empezaron a recibir la semana anterior el pago de 5 mil 258 pesos, cantidad que se incrementará de manera anual conforme al aumento del salario mínimo y por encima de la inflación. El apoyo mensual se pagará por un plazo de 10 años.

El Plan de Justicia para Cananea fue presentado en noviembre de 2021 en dicha ciudad fronteriza. En la mesa principal del acto estuvo sentado el vicepresidente ejecutivo de Grupo México, Javier García de Quevedo, así como el representante legal de la empresa. No obstante, los mineros de la sección 65 fueron colocados hasta la parte final del lugar, junto a una treintena de jubilados y afectados.

El plan de acciones firmado consistió en la conformación de un fondo de 600 millones de pesos, de los cuales la mitad serán aportados por la empresa propietaria de la mina de cobre, para otorgar una pensión a trabajadores jubilados que carecían de seguridad social.