odos los casos fueron abordados en un martes de defensa y solidaridad: los ex gobernadores priístas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, el historiador Pedro Salmerón, la profesora y secretaria Delfina Gómez, el gobernador morenista Cuitláhuac García y el México plural, no de un partido, no faccioso, que resplandece en el discurso presidencial, usualmente tan crítico de las opciones y los personajes ajenos y distantes de la llamada Cuarta Transformación (4T).

De la ex gobernadora de Sonora no se recordaron las estadísticas de criminalidad y el predominio de grupos delictivos en la entidad ni su apoyo a dueños de la guardería ABC de Hermosillo, cuando era diputada local, ni las acusaciones de corrupción e impunidad durante su administración o el caso de la triangulación delictiva de recursos durante el peñismo (la Operación Safiro, con aportaciones destacadas de los gobiernos de Chihuahua, Durango y Sonora) para campañas electorales priístas.

Del ex gobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa se destacó que es una persona de edad, seria. Y ambos personajes, según la narrativa obradorista matutina, no tienen acusaciones en su contra y son respetados por sus conciudadanos. Por ello (y no por haber cedido la plaza electoral a Morena) es que ahora se les ha premiado con un consulado (en la misma adscripción donde el peñismo ofendió a la comunidad catalana enviando a Fidel Herrera Beltrán) y una embajada.

En el caso de la titular de la Secretaría de Educación Pública, el presidente fue aplicado en mostrarse solidario. Le parece que hay una campaña contra Delfina Gómez por cuanto se acercan las elecciones mexiquenses (el año próximo), en las que se supone que la profesora podría volver a la boleta en busca de relevar al holograma de gobierno llamado Alfredo del Mazo.

Los descuentos porcentuales a trabajadores del municipio de Texcoco fueron calificados por el Presidente de México como contribuciones, sin dar mayor relevancia al resolutivo del tribunal electoral federal, que castigó pecuniariamente a Morena por esos descuentos, cuya responsabilidad penal probablemente ya prescribió, pero no la carga cívica, ética y política que va contra la educadora a partir de esas maniobras clientelares.

Respecto a Salmerón, López Obrador ensalzó sus méritos como historiador y se declaró en espera de que haya alguna acción judicial, o ausencia de ella, respecto a las acusaciones hasta ahora informales en su contra.

En otro tema: aun cuando faltan pasos procesales para convocar formalmente al ejercicio de revocación de mandato presidencial, ya puede decirse que ha cumplido con el requerimiento de firmas de apoyo (cuando menos 3 por ciento del padrón electoral) y dispersión geográfica (cuando menos en 17 entidades federativas), de tal manera que su realización parece irreversible, aunque entre los puntos pendientes está la resolución que debe emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los recursos económicos disponibles para dicho ejercicio.

Podría suceder que la Corte ordenara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgar el total o una parte del presupuesto extra que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha demandado. Faltaría, en esa hipótesis, que Hacienda cumpliera con la orden judicial o se declarara sin posibilidad de hacerlo, con todas las consecuencias jurídicas y políticas del caso.

También es posible que la Corte ordene al INE hacer el revocatorio sólo con el dinero hasta ahora disponible, aunque ello implique una reducción de la estructura electoral (menos casillas, por ejemplo). En este escenario, el INE se declararía facultado judicialmente para incumplir la norma que impone hacer estos ejercicios con la misma plenitud de estructura que la elección presidencial a la que se podría afectar. A su vez, los adversarios de la cúpula dominante del INE podrían mantener el discurso político de incumplimiento constitucional de ese instituto, con la demanda redoblada de cesar a sus directivos. ¡Hasta mañana!

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