El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, entregó un documento a la presidenta del Congreso de Veracruz, la diputada Cecilia Josefina Guevara, en el cual le he hace notar que la reforma al Código Penal del estado sobre el delito de ultrajes a la autoridad viola derechos humanos, entre ellos a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley.

Monreal solicitó que, con pleno respeto a su autonomía y de acuerdo con el paradigma de los derechos humanos, deroguen ese tipo penal, que ha afectado en meses recientes a seis jóvenes.

En Veracruz, advirtió el morenista en el documento que hizo público ayer, hay varios casos que confirman que el tipo penal de ultrajes a la autoridad se ha usado para legitimar el abuso de autoridad contra los ciudadanos.

Recalcó que en una democracia moderna esto no es admisible, pues no hay razón para que exista este delito. Reiteró que no defiende criminales, sino el estado de derecho expresado en el principio de presunción de inocencia, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad misma.

Hizo un llamado a que la legislación de un delito no institucionalice el abuso de autoridad ni dé elementos legales al Estado para vulnerar la libertad y seguridad de sus ciudadanos.

Hizo énfasis en que esta figura ha dado lugar a eventos en los que se acusa de manera arbitraria a personas y se les priva de la libertad, como el caso de los seis jóvenes que fueron encarcelados durante cuatro meses, sin pruebas y con violaciones flagrantes a sus derechos humanos.

En la descripción de los hechos, preciso el senador, los policías encargados de la captura señalaron que fueron agredidos por los jóvenes; sin embargo, en el juicio se presentaron pruebas que contradijeron la versión de los agentes.

Pese a ello, transcurrieron cuatro meses durante los cuales los seis jóvenes estuvieron injustamente recluidos, lo cual no sólo violentó su derecho a no ser sometidos a detenciones arbitrarias, sino sus derechos a la presunción de inocencia y a enfrentar su juicio en libertad, resaltó el senador.

Por fortuna, aseveró, un juez federal ordenó su liberación ante la falta de pruebas, pero como en este caso, hay cientos de personas en centros de reclusión de Veracruz por acusaciones similares.