La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Emilio Zebadúa González no ha obtenido un criterio de oportunidad. En octubre del año pasado, el ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se acogió como testigo colaborador a cambio de entregar información que sea útil para condenar a partícipes de la estafa maestra, con el propósito de no ser acusado penalmente.

Al igual que en el caso Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya se comenzaron a utilizar sus revelaciones, pero la diferencia es que las declaraciones de Zebadúa González han servido para la investigación que se sigue a Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), actualmente preso, y se abrieran varias carpetas de investigación contra ex servidores públicos, entre ellos Enrique González Tiburcio, ex colaborador de Rosario Robles, vinculado a proceso el fin de semana por presuntamente firmar un convenio que causó daño a la hacienda pública por 185 millones de pesos.

Durante la audiencia de vinculación a proceso de esta última persona, quien se desempeñó como subsecretario de la Sedatu en el sexenio pasado, sus abogados pidieron al juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia desestimar o no tomar en cuenta las declaraciones de Zebadúa que la FGR utilizó como uno de los 17 datos de prueba para imputar a González Tiburcio, ya que argumentaron que no resultan pertinentes, máxime que el ex oficial mayor busca ser testigo colaborador.

El fiscal Mario Bulmaro Fonseca Barrera respondió que a Emilio Zebadúa no le han otorgado el criterio de oportunidad y que, en dichas declaraciones, el ex oficial mayor reconoció la existencia de una estructura dentro de las dependencias, donde se triangularon recursos a través de contratos a universidades estatales y organismos públicos descentralizados.

Uno de esos convenios generales que mencionó Zebadúa como instrumento del desvío es el que supuestamente firmó González Tiburcio por más de 185 millones de pesos, con el entonces rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, Juan de Dios Nochebuena.

Cabe señalar que los criterios que le han otorgado a Emilio Zebadúa son similares a los que en su momento le concedieron a Lozoya Austin, en cuanto a seguir en libertad mientras aporte datos que puedan ser corroborados de personajes o ex servidores públicos que hayan cometido o participado en actos ilícitos que pueden llevar a niveles superiores a los que ocupaba en la estructura gubernamental o que se consideren más relevantes que los cometidos por él.

A diferencia de Lozoya, Zebadúa no ha sido imputado en ninguna de las 17 carpetas de investigación en las que aparece señalado de cometer un delito, en todos los casos haber participado directamente en la realización de contratos de obra o servicios relacionados con la estafa maestra.