Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia, acompañada de la llamada mesa judicial, armada durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que tiene el abierto apoyo de la embajada de Estados Unidos, declaró ayer inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura, que quedará bajo su control en una escalada más de la oposición derechista contra el gobierno del presidente Alberto Fernández.

Esto sucede cuando la oposición atraviesa una compleja situación, con la ruptura del bloque en el recientemente renovado Parlamento, el alejamiento de miembros de la Unión Cívica Radical, que a pesar de ser el único partido que existe a nivel nacional en la alianza Cambiemos, quedó fuera en los cargos más importantes durante el gobierno anterior.

Macri, con sus ambiciones, se ha convertido en una sombra oscura ante la evidente ruptura de los sectores que integraron su gobierno que dejó al país arrasado, al borde de la cesación de pagos y enfrentando luego a la pandemia.

El gobierno de Fernández debe negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que otorgó un crédito por 57 millones de dólares, a pesar de que se sabía que el gobierno de Macri nunca podría pagar y que negoció de manera ilegal al no pasar por el Congreso y violando las propias normas de la entidad financiera.

También van cayendo las causas armadas y sin pruebas durante el macrismo, sólo sostenidas por artículos periodísticos, mediante una corporación encabezada por el Grupo Clarín y La Nación que junto a otros son responsables no sólo de la persecución política contra los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, funcionarios y militantes del peronismo, sino de sembrar el caos de la desinformación.

Estados Unidos terminó infiltrando las estructuras judiciales, como fue su proyecto de finales de los años 90, utilizando a jueces que trabajaron durante la pasada dictadura militar (1976-1983) y también durante el gobierno presuntamente peronista de Carlos Saúl Menem (1989-1999) para dar continuidad a la destrucción del Estado nacional que comenzó bajo el régimen dictatorial.

La decisión de la Corte sucedió cuando Fernández en estos días planteó la urgencia de abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema, al advertir que hay serias demoras en el servicio de la justicia, lo que el miércoles se expresó en una protesta ante los tribunales y es una demanda popular.

Además, envió una propuesta para aumentar de 13 a 17 los integrantes del Consejo de la Magistratura, organismo que juzga y evalúa el desempeño de los jueces en Argentina.

La agencia estatal Télam reportó que el tribunal falló por unanimidad que la composición no respeta el equilibrio de los sectores en el organismo que selecciona, sanciona y remueve magistrados, y dispuso que el Congreso defina una nueva composición.

El reconocido ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex miembro de la Corte Suprema argentina Raúl Zaffaroni advirtió que el máximo tribunal creó la confrontación (con el gobierno) al sacar del cajón un planteo que tenía muchos años, y consideró que era un manotazo para reasumir la presidencia del Consejo de la Magistratura.

El portal El Destape, que ya había advertido que los magistrados de la Corte iban a declarar la inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura, para volver a la ley anterior y ampliar los consejeros a 20 con el presidente de la Corte al frente del Consejo. Un golpe judicial contra el gobierno.

El pasado día 13, el gobierno se adelantó con una propuesta de 17 integrantes para el Consejo de la Magistratura, cuando 25 por ciento de los cargos para jueces está vacante.

Son muy obvios los movimientos de la Corte Suprema, cuyo actual presidente, Horacio Rosatti, fue nombrado por Macri en 2016 sin la aprobación de la legislatura y ante el escándalo provocado fue al Congreso, después de una serie de negociaciones y presiones para lograr la mayoría.

Durante el gobierno de Macri, cuando se persiguió, espió y obligó bajo amenazas a todo aquel juez que no respondiera al mandato oficial a renunciar o a ser trasladado violando la Constitución. Con este nuevo fallo se busca que la dirección del Consejo de la Magistratura sea ejercida por Rosatti.

La oposición macrista quiere continuar manejando los resortes de la justicia, en especial cuando surgen con documentos y pruebas concretas la asociación, que varios analistas consideran mafiosa de los jueces con lo más duro del macrismo, la justicia y los medios que montaron el espionaje, el chantaje y la persecución contra el gobierno anterior, en causas que terminan en el mayor escándalo judicial de todos los tiempos, asegurando así la guerra sicológica (el llamado lawfare).

El macrismo arrasó –entre otras cosas– con la estratégica Cámara Federal porteña e impulsó la designación irregular de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ubicados en sus actuales cargos violando todas las reglas. Asimismo, están dedicados a cambiar los jueces de las causas más importantes contra Macri y sus funcionarios para trasladarlos a los tribunales de Comodoro Py donde se concentra el poder ilegal de la mesa judicial.