Madrid. La Fiscalía de Suiza decidió archivar la investigación que mantenía abierta desde hace tres años contra el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, en relación al supuesto cobro de comisiones ilegales por un total de 100 millones de dólares (2 mil 100 millones de pesos), lo que significa que muy probablemente se dará carpetazo a la causa abierta por este mismo motivo en los tribunales españoles, la cual se basaba en el trabajo de dicha fiscalía.

El fiscal suizo Yver Bertossa asumió hace tres años este caso sobre la trama de supuestas comisiones ilegales atribuidas al lavado de dinero del rey emérito español, a quien señalaron como el hipotético principal beneficiario del pago de 100 millones de dólares hecho por los jeques de Arabia Saudita.

Ese dinero se habría pagado por su intermediación en la obra de infraestructura del tren de alta velocidad a La Meca, que fue adjudicado en parte a varias empresas españolas. El fiscal tenía la hipótesis de que ese dinero fue blanqueado a través de una fundación, de la cual el ex rey era el principal beneficiario, con la finalidad de evadir al fisco.

Sin embargo, después de tres años de indagatorias, Bertossa concluyó que la investigación no ha establecido suficientemente un vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudita y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad.

En un comunicado, la Fiscalía suiza anunció el final del procedimiento relativo a los bienes en poder del ex monarca español en Suiza, en una causa en la que había hasta cinco imputados, además de Juan Carlos de Borbón, entre ellos su ex amante, la princesa alemana Corinna Larsen, y los abogados Arturo Fasana y Dante Canonica, acusados de armar la estructura financiera para ocultar los fondos.

A pesar de no poder establecer un vínculo claro entre el dinero y el cobro de comisiones ilegales por la obra de La Meca, la Fiscalía suiza sí concluyó que hubo un probado deseo de ocultación de ese dinero por parte del rey emérito, al sostener que muchos elementos exigieron que el banco Maribaud procediera a una comunicación. En particular, la información transmitida por la prensa, el carácter inusual de los fondos recibidos en esta cuenta y los distintos flujos financieros intercambiados entre las cuentas de Larsen y la fundación Lucum, de la cual Juan Carlos de Borbón era el beneficiario efectivo.