Ante la opacidad existente en la gestión del presupuesto participativo, vecinos de la colonia Juárez interpusieron sendas denuncias ante la Contraloría interna de la alcaldía Cuauhtémoc y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato.

Detallaron que la alcaldía adjudicó de manera directa y por invitación restringida un proyecto cultural a la empresa Equilibrium Consulting Group SC, dedicada al coaching, especie de pláticas motivacionales, en cuyo plan de trabajo proponía cuatro sesiones de yoga y una sesión de teatro infantil a un costo de 52 mil pesos cada una.

Con ese mismo precio también fueron presupuestadas una sesión de dos horas de cartonería y una sesión de lectura, y cuatro sesiones para entrenar a perros. Mientras una sesión de artesanía fue valorada en 48 mil pesos. Incluso cuatro recorridos históricos en bicicleta fueron valuados en 174 mil pesos.

Para los vecinos, integrantes de la comisión de ejecución del presupuesto participativo, se trató de una irregularidad tan grave que solicitaron a la Contraloría interna y a la FGJ una investigación, e incluso enviaron una misiva a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para solicitar su intervención en el caso.

El proceso de adjudicación por invitación restringida se llevó a cabo de manera poco ortodoxa, sin apego a los protocolos que nos permitan tener certeza de que el proveedor elegido es la mejor opción para llevar a cabo el proyecto, acusaron, quienes expusieron que su registro en el padrón de proveedores de la Ciudad de México venció el 16 de junio, por lo que debió ser descalificada de origen.

Mientras esperan la respuesta de la Contraloría sobre si es válido el contrato, el proyecto se mantiene en espera de ser aprobado, aunque el plazo legal para su ejecución se cumplió el 30 de noviembre.

En entrevista, Greta Ríos, integrante de dicho comité, manifestó su preocupación, pues se desconoce cuál será el destino de los recursos, y criticó que por estos actos la autoridad queda a deber a la ciudadanía.

En tanto, Sergio González, también integrante del comité, opinó que la Ley de Participación Ciudadana debe ser reformada para que desde marzo se comience a ejercer el presupuesto participativo, con el propósito de garantizar la máxima transparencia en cada proceso.