Por unanimidad, el Senado aprobó tres dictámenes para garantizar derechos laborales y sociales de las personas con discapacidad. Uno de ellos es una reforma que busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad al trabajo digno y al empleo, así como a la atención de sus competencias laborales.

El dictamen también sugiere proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos que así lo soliciten, tanto sociales como privados, en materia de derechos e inclusión laboral de este sector de la población.

Precisa que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá promover el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno y al empleo, en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral.

Además debe diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para su inclusión laboral conforme a sus competencias, tanto en el sector público como en el privado, de modo que se proteja su capacitación, empleo digno, contratación y derechos laborales.

El proyecto de decreto reforma el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad destaca que, de acuerdo con diversos datos estadísticos, la baja tasa de empleo entre las personas con discapacidad en México se debe al entorno físico y social adverso, así como al incumplimiento de las disposiciones que protegen sus derechos, y no por las disposiciones establecidas en el orden jurídico nacional.

El pleno también aprobó un dictamen que reforma los artículos 7 y 21 del mismo ordenamiento, a fin de crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que permitan ejecutar programas dirigidos a las personas con discapacidad de las comunidades afromexicanas.

Con la reforma constitucional aprobada en agosto de 2019, se subraya en el dictamen, ese sector de la población se hizo acreedor a los mismos derechos colectivos que la Carta Magna reconoce a los pueblos indígenas, por lo que las diferentes instancias del gobierno deben promover la mejoría de las condiciones de vida, desarrollo económico y la integración de las comunidades.

Adicionalmente, el Senado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, en materia de lenguaje incluyente.

Con las reformas aprobadas, se contribuye a la eliminación de prácticas discriminatorias en la organización y presentación de servicios de asistencia social y al ejercicio pleno de los derechos de la población. Los tres proyectos avalados por el Senado se remitieron a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.