En 30 estados de la República está tipificado el delito de peligro de contagio, por el cual personas que viven con VIH/sida pueden ser sancionados con multa y cárcel. La Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH identificó que al menos 50 personas han sido procesadas por esta causa, lo cual es violatorio de los derechos humanos. Es como legalizar el estigma y la discriminación, afirmó la agrupación.

En la presentación del primer informe a nivel mundial sobre los códigos penales y civiles que criminalizan de esta forma a quienes viven con VIH/sida, Leonardo Bastida, integrante de la organización civil Letra S y coordinador de la recopilación de datos, resaltó que también lo contempla el Código Penal Federal. Solamente en Aguascalientes y San Luis Potosí no existe tal ilícito.

En conferencia la víspera del Día Mundial de la Lucha contra el sida, indicó que las leyes de 10 entidades persiguen específicamente a quienes tienen alguna infección de transmisión sexual; en 17 las sentencias son más severas si el juez considera que se trata de un padecimiento incurable.

Al respecto, Bastida resaltó que el VIH no se cura, pero sí es posible mantenerlo bajo control, al grado de que es posible que no se detecte en las pruebas de laboratorio. En esa condición, los portadores tampoco transmiten el virus.

Por ello, no se justifica la existencia de los artículos que criminalizan a las personas. El activista también señaló los errores en los códigos de Coahuila y Tamaulipas, que sancionan con más de 10 años de cárcel a quienes transmitan el sida, cuando ésta es la enfermedad y no se contagia. En todo caso, se deberían referir al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el cual infecta las células y provoca el sida.

Con la colaboración de 40 organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red, se elaboró el informe La legislación mexicana en materia de VIH y sida. Su impacto en personas que viven con VIH/sida, el cual consta de más de 200 páginas y será editado con apoyo de la organización Aids Healthcare Foundation (AHF).

Patricia Ponce, coordinadora de la Red, comentó que la iniciativa surgió en 2015, luego de que el Congreso de Veracruz agregó al artículo del Código Penal, que ya se refería al delito de contagio, a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y específicamente al VIH, y determinó una pena de seis meses a cinco años de prisión con multa de hasta 50 días de salario para quien dolosamente infectara a otro con alguna ITS.

Los activistas lograron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2018, los ministros resolvieron a favor y ordenaron la derogación del artículo. No obstante, han pasado dos legislaturas sin que se cumpla con la sentencia de la Corte.