Cuernavaca, Mor., La secretaria de Cultura en el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018), Cristina Faesler Bremer, junto con tres ex funcionarios de esa dependencia estatal, fue imputada por el delito de ejercicio ilícito del servicio público porque gestionaron el pago de alrededor de un millón de pesos para la edición de un libro que nunca fue publicado, informó la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

Los otros tres acusados son Manuel Zepeda, ex subsecretario de Fomento a las Artes; Héctor López, ex director general de Gestión Administrativa, y José García Valtierra, ex director general de Museos y Exposiciones.

La audiencia de imputación a los cuatro ex servidores públicos, refirió la Fiscalía Anticorrupción, se llevó a cabo los días 8 y 9 de noviembre; todos quedaron formalmente acusados y como medida cautelar les impusieron acudir a firmar cada mes, además de que tienen prohibido salir del país.

La Fiscalía Anticorrupción aportó un dictamen pericial que especifica un daño patrimonial por 908 mil 999 pesos por pagos realizados y no justificados.

Conaculta, implicado

Se detalló que en marzo de 2014 la Secretaría de Cultura de Morelos y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) celebraron un convenio para la realización de diversos proyectos culturales del fondo editorial, incluido el libro en mención.

Derivado de ese convenio, explicó la fiscalía, el 28 de julio de 2014 el Conaculta transfirió a la Secretaría de Hacienda estatal 32 millones 62 mil 151 pesos para dichos proyectos y se ordenó la elaboración de un libro en homenaje a Joy Laville, pintora inglesa naturalizada mexicana que vivió en Cuernavaca.

Al principio, según la institución, se acordó un tiraje de 2 mil ejemplares; sin embargo, después de diversas peticiones de modificación al convenio, se redujo a mil textos.

La impresión debió estar terminada el 31 de diciembre de 2014, pero Cristina Faesler promovió el cambio de fecha y el Conaculta accedió a prorrogarla al 30 de junio de 2015, con la advertencia de que, si no se cumplía el plazo, la funcionaria debía reintegrar el dinero a la Tesorería de la Federación.