La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, puso ayer a subasta 42 camionetas de lujo, 35 de ellas con blindaje, así como dos motocicletas (incluida una BMW), las cuales adquirió el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores (2015-2021) con una inversión de 93 millones 43 mil pesos.

En un acto realizado la mañana de ayer en el estacionamiento del auditorio Sentimientos de la Nación, en el cual Salgado Pineda estuvo acompañada por el secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, se informó que los vehículos se depreciaron hasta en 70 millones de pesos y se pretende recuperar 22 millones 300 mil pesos.

Los vehículos a subasta estaban asignados a escoltas de funcionarios de la administración pasada; sin embargo, no se justificaba su utilidad, señaló la mandataria.

Afirmó que el mantenimiento de los automotores cuesta 700 mil pesos mensuales, y la gasolina, 12 millones. Falta que se entreguen otros 27 vehículos que se pondrán a subasta en una segunda etapa.

Los recursos que se recuperes, agregó, serán utilizados para obras y programas sociales en los municipios de la Montaña y la Costa Chica.

La morenista recalcó que en su administración sólo usarán estos vehículos los funcionarios que establece la ley, como el secretario de Seguridad Pública, el titular de la Fiscalía General del Estado y el secretario de Gobierno. Ella no consideró necesario tener una de estas unidades a su disposición.

En León, Guanajuato, directivos del campo de golf Club Campestre devolvieron a la tesorería municipal los 2.5 millones de pesos del impuesto predial que la administración del panista Héctor López Santillana (2018-2021) condonó de manera irregular, al otorgar un beneficio destinado a tierras de cultivo, informó el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona.

El miércoles, de manera voluntaria, hay que decirlo y reconocerlo, el Club Campestre hizo el reintegro de 2.5 millones de pesos, dijo el funcionario del actual gobierno, encabezado por Alejandra Gutiérrez Campos.

El ex director de desarrollo rural, Rodolfo Ponce Ávila, y el ex tesorero Enrique Sosa Campos, emitieron una constancia en la cual hacían constar que los predios del Club Campestre eran para uso agroalimentario y ganadero.

Este año el club había pagado 4.8 millones de pesos de predial, pero gracias a la constancia la tesorería les regresó 2.5 millones.

Aunque ya se devolvió el dinero, la contraloría municipal continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades.