urante la pandemia, prácticamente todos los enfermos fueron atendidos en las instituciones del sector público de salud y pocos acudieron al sector privado, principalmente por el costo que significaba. Es decir, en una emergencia grave, en última instancia, el ente que resuelve es el Estado. Las instituciones públicas –como en el IMSS y los institutos nacionales–, además, empezaron a funcionar como una sola y no diferenciaron entre derechohabientes y no derechohabientes. Con ello, dio un paso importante hacia la universalidad de los servicios sanitarios.
La Encuesta de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) nos permite tener una idea de la pauta de atención de los mexicanos según su condición de afiliación y nivel de ingreso. El censo se levantó durante el otoño de 2020 (21 de agosto al 28 de noviembre) y proporciona datos sobre los mecanismos de acceso a los servicios de salud, el uso de éstos y el gasto erogado. Las personas que menos recurren a servicios médicos son las que no están afiliadas (44 por ciento), siguen las que pertenecen al Insabi-SP, con 37 por ciento. Se puede interpretar que estos grupos no buscan servicios porque no disponen de dinero suficiente.
En tanto, la utilización de servicios según institución guarda cierta coherencia, pero en todos los casos se recurre de forma importante a la atención privada. En cuanto al IMSS, 48 por ciento de los derechohabientes se atienden ahí y sólo 4 por ciento, en instalaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), estatales y federal, y 0.5 por ciento en otra unidad de seguridad social. Una situación semejante se presenta con los derechohabientes del Issste, ya que 35 por ciento acuden a su institución, 4 por ciento al IMSS, otro 4 por ciento a Salud y sólo 0.35 por ciento a otras de seguridad social.
La pertenencia al sistema Insabi-Ssa da acceso a los servicios de Salud federal y estatales. De esta población, a 38 por ciento se le atiende en sus instalaciones, a 4 por ciento en el IMSS, a 2 por ciento en IMSS-Bienestar y a 0.7 por ciento en otros establecimientos públicos. O sea, se observa poco uso cruzado entre las instituciones públicas.
En cambio, toda la población, derechohabiente o no, acude a los servicios privados. Éstos se dividen en consultorios y hospitales, así como consultorios de farmacias. Los primeros dos son más importantes. Así, en sus instalaciones se atiende 46 por ciento de quienes cuentan con seguro privado, 44 por ciento con ningún tipo de afiliación, 37 por ciento de afiliados al Insabi (SP), 35 por ciento de los derechohabientes del Issste y 30 por ciento de los del IMSS. La categoría hospitales y consultorios privados
es muy heterogénea e incluye desde un sector precarista
hasta los grandes centros médicos privados.
Los consultorios de farmacia atienden a entre 28 y 3 por ciento de los usuarios de servicios médicos. Sus clientes más frecuentes son los que carecen de afiliación, con 28 por ciento, seguidos de 18 por ciento de los del Insabi, 17 por ciento del IMSS y en último lugar a quienes poseen seguro privado, con 3 por ciento. Esto sugiere que su clientela opta por su bajo costo o cercanía al hogar o el trabajo. Su gran inconveniente es el incentivo para prescribir baterías de medicamentos, muchos innecesarios, y la falta de seguimiento del paciente. De forma sorprendente, pocos entrevistados reportan automedicarse –no más frecuentemente que 2 por ciento–, igual que atención con curanderos.
Aunque la atención médica privada representa un gasto para los hogares, en montos absolutos hay una relación directa con el ingreso; es decir, los que más ganan gastan más y los asegurados de bajos ingresos tienden a no hacerlo, ya que se atienden en su institución. En este aspecto, pertenecer a un instituto de seguridad social protege el ingreso.
La pandemia evidenció una paradoja. Demostró que el esfuerzo conjunto de las instituciones públicas permitió salvar vidas y garantizar la atención a las personas con Covid que la buscaron. Su capacidad de expandir los servicios fue imponente, particularmente el IMSS por su tamaño y su presencia en todo el territorio. El gran reto es seguir por este camino y resolver los obstáculos que impiden al sector público desarrollarse. También es necesario porque sólo así se puede ir construyendo una nueva orientación hacia la educación para la salud, la promoción y la prevención de ésta.
Los funcionarios federales llevan lustros predicando un cambio en el modelo de atención en este sentido, pero continúa prevaleciendo el modelo hospitalario y médico céntrico. Una de las razones es la segmentación del sistema público y la dificultad para construir un patrón de atención que empiece desde abajo, en la comunidad y la periferia.
