Con la experiencia de estar al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con sede en Tlapa, Guerrero, donde la guerra sucia tuvo sus capítulos más crudos, Abel Barrera, integrante de la comisión de la verdad recién creada, sostiene: Es la oportunidad propicia para abrir los archivos de la represión y dignificar a las víctimas. Lo importante es conocer su paradero, abrir nuevas líneas de investigación sobre casos tan graves como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado.

Han pasado 31 años desde que concluyó ese periodo (1965-1990), pero la justicia no ha llegado, por eso me involucré, para hacer un trabajo cercano a las víctimas y exigir que la justicia se haga realidad. Es una apuesta para hacer un trabajo con la sociedad civil, los movimientos de desaparecidos, que encontremos apertura y eco para lograrlo, dice en entrevista.

En esa lógica, la reivindicación de las víctimas y la reparación del daño tanto individual como colectivo, porque se trastoca la vida en varias regiones, sería importante contar con una ley de memoria que defina mecanismos para lograrlo y haya un compromiso de no repetición. Debe haber un memorial de reconocimiento a las víctimas para eliminar su estigmatización y, sobre todo, reivindicar el movimiento social que trajo demandas históricas para la transformación.

Amplias expectativas

Fue un periodo de violencia política con acciones policiaco-militares abiertas y encubiertas para acallar a campesinos, obreros, estudiantes, movimientos disidentes y grupos armados. Es una historia que no se ha saldado en términos de justicia y verdad a pesar de la lucha a contracorriente de los movimientos que han reclamado la presentación con vida de sus familiares.

Las expectativas para que la comisión supere el fracaso de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por Vicente Fox, radican en el compromiso presidencial de apertura y “acceso a las instalaciones militares para que las familias puedan saber qué pasó, donde estuvieron las personas desaparecidas en instalaciones castrenses. Son necesarias las visitas porque hay testimonios de lo ocurrido en el Campo Militar 1, en Guerrero, en Pie de la Cuesta en las cárceles clandestinas.

–¿Hay confianza en la apertura del Ejército?

–Hay ese compromiso y lo tomamos muy en serio. Es un punto neurálgico para hacer búsquedas e investigaciones. Los archivos del Ejército son claves porque tuvo una participación lamentable en los hechos.