La oposición en el Senado advirtió que aún es posible detener los aspectos más negativos de la miscelánea fiscal; entre ellos, las disposiciones que limitan la deducción de impuestos por donativos y la obligación de los jóvenes de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que existe la posibilidad de que los particulares afectados recurran al amparo, además de que el bloque opositor en esa cámara presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la miscelánea fiscal; ésta última es una opción que ya valoran.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México precisó que los amparos contra el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que limita la deducción de impuestos por donaciones, dijo, pueden ser presentados por particulares 30 días después de que se publique la miscelánea fiscal en el Diario Oficial de la Federación. También es posible acogerse, detalló, durante el primer acto de aplicación de esa nueva disposición.

El legislador agregó que muchos ciudadanos se han amparado contra la aplicación de algún impuesto y lograron ganar amparos, ya que se esgrime un hecho de que la propia Constitución establece, que los gravámenes deben ser proporcionales y equitativos.

Este tema creo que no se ha agotado. Por un lado, todavía estarían vivas las posibilidades de promoción de amparos de particulares afectados y aún estaría pendiente el análisis de la acción de inconstitucionalidad, externó.

A su juicio, no debió modificarse la Ley del ISR sólo por algunos casos que, como señaló, la jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, abusaron del mecanismo fiscal. Con la reforma, agregó, se perjudicó a la mayoría de las organizaciones que dependen de las donaciones de personas físicas o morales para hacer actividades altruistas en educación y salud.

Por separado, el senador del PAN Damián Zepeda coincidió en que procede dicha medida contra la limitación fiscal que se impuso a quienes llevan a cabo donaciones, contra la obligatoriedad de las personas mayores de 18 años a inscribirse en RFC, así como en el caso de la criminalización de los contadores públicos que serán acusados de encubrimiento si no denuncian presunta comisión de delitos fiscales de sus clientes.