El gobierno federal ha ingresado más de 33 mil 49 millones de pesos durante los últimos dos años, debido a acuerdos conclusivos, procedimientos en los que media la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y que han sido la bisagra para que grandes contribuyentes accedieran a pagar al fisco sin entrar a juicio.

El año pasado, cuando se tenía el mayor registro de recaudación vía el mecanismo, ingresaron 15 mil 549 millones de pesos; ahora, durante los primeros nueve meses de 2021, se acumulan 17 mil 500 millones de pesos, es decir, 12.5 por ciento más, sin que haya terminado el año, explicó en entrevista Lérida Rodríguez Pastrana, directora general de Acuerdos Conclusivos B de la Prodecon.

Detalló que derivado de la mayor difusión del procedimiento y de los beneficios que implica para los contribuyentes, las solicitudes de acuerdo conclusivo se han disparado 12 por ciento en lo que va del año, al comparar con 2020. Al corte del viernes pasado, ya se acumulan en la Prodecon mil 754 oficios que pedían este servicio.

Los acuerdos conclusivos son una instancia de mediación entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las personas,cuando existen diferencias en el monto que debe pagarse de impuestos. Son una herramienta adicional que tiene el contribuyente para evitar irse de manera directa a una instancia judicial, con las complicaciones que implica garantizar un crédito o pagar a un abogado, detalló la funcionaria.

Rodríguez Pastrana explicó que dos de cada tres solicitudes de acuerdo conclusivo que recibe la Prodecon llegan a término; ya sea que el contribuyente haga una corrección de su situación fiscal, pague voluntariamente el monto que pide el SAT, o bien desvirtúe las observaciones que le haga la autoridad. El resto, la tercera parte que decide no firmar una resolución, pasa a tribunales.

El mecanismo –abierto de manera gratuita a todo contribuyente– ayudó a que grandes corporativos se pusieran al corriente en el pago de impuestos. Ahora, como parte de la miscelánea fiscal que se aprobó para el próximo año, se limita a 12 meses el plazo para que concluya el procedimiento, el objetivo es evitar que se vuelva una práctica dilatoria para la entrega de contribuciones.

Rodríguez Pastrana rechazó que los acuerdos conclusivos sirvan como práctica dilatoria, porque mientras están en curso los plazos se congelan y no se eliminan las facultades de auditoría que tiene el SAT. Sin embargo, reconoció que acotar a un año su resolución, puede ser bueno para el procedimiento.

Eficientar no es cerrar la puerta (...) lo cierto es que acortar el plazo permitiría que se atienda ese principio de celeridad.

Agregó que, de acuerdo con análisis de la Prodecon, prácticamente 80 por ciento de los acuerdos conclusivos se concluyen dentro de ese plazo de 12 meses, el resto son casos muy particulares en los que la pura regularización puede llevar más tiempo, agregó.

Ahora, lo que vamos a buscar es que esas fases que se van agotando del acuerdo conclusivo sean totalmente efectivas, que realmente haya una valoración por parte de la autoridad, que no se estén solicitando prórrogas de forma injustificada y consideramos que no tendremos ningún problema en ese plazo, explicó.