El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, insistió en la urgencia de que el gobierno mexicano ratifique el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre seguridad y salud en las minas, ya que las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se negaron a hacerlo por presiones de los grandes empresarios mineros.

Es hora, recalcó, de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rompa con esa situación y se ratifique ese convenio 176, ya que la minería sigue siendo una de las actividades más peligrosas y de alto riesgo, y debido a las insuficientes medidas de seguridad y al incumplimiento de las normas preventivas se han padecido grandes siniestros, con 3 mil 703 trabajadores muertos.

El senador de Morena, dirigente del sindicato minero, advirtió que mientras siga sin ratificarse ese convenio persistirán los accidentes en las minas, los lesionados y los muertos.

El instrumento de la OIT está congelado, sostuvo, desde 1995, ya que los tres empresarios más ricos del país, que son mineros, con una fortuna de alrededor de 100 millones de dólares, hicieron fuerte cabildeo.

Aplicación general

La razón es que el convenio 176 se aplica para todas las minas, independientemente del mineral que se extraiga, y el trabajador tiene el derecho de primero ponerse fuera de peligro en cualquier circunstancia, sin mediación de una comisión mixta de seguridad e higiene.

Los empresarios presionaron a los gobiernos del PRI y PAN, recalcó, porque no quieren invertir para proteger la vida de los mineros, sino seguir con la situación actual. En varias minas, detalló, como condición para trabajar, los obreros eran obligados hasta hace poco a firmar un documento en el que aceptaban que en caso de accidente la responsabilidad era suya, lo que va en contra de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

La reforma laboral de 2012, aseveró, incluyó sólo la protección de los trabajadores de minas de carbón, y por ello es urgente que se ratifique ese convenio. Precisó que en esta legislatura presentó un punto de acuerdo en ese sentido y el Senado solicitó al gobierno federal suscribir ese instrumento internacional.

Durante la sesión de ayer de la Comisión de Trabajo, el senador Gómez Urrutia precisó que han insistido en que se avance a ese objetivo para obligar a las empresas mineras a cuidar la salud y la vida de sus trabajadores. El trámite estuvo un año en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, detalló, pero ya fue remitido a la consejería jurídica de la Presidencia de la República.

Expresó confianza en que el gobierno de la Cuarta Transformación ratifique ese convenio ante la organización internacional, como un acto de justicia para los mineros. Señaló que en Sudáfrica, que lo ratificó hace 20 años, los siniestros en minas se redujeron 25 por ciento y en Perú –que lo signó hace 15 años–, en 50 ciento.

El dirigente minero resaltó que la legislación de Canadá penaliza la responsabilidad en accidentes, mientras en México aún siendo culpables de accidentes y riesgos de trabajo, los patrones sólo pagan una pequeña multa.