En el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro (28S), agrupaciones y colectivos feministas destacaron que en el país hay más de 200 mujeres presas por la interrupción de un embarazo debido a la aprobación de las leyes antiaborto impulsadas por la ultraderecha panista.

En conferencia de prensa virtual, detallaron que en el país alrededor de 750 mujeres cumplen sentencias severas de hasta 30 años tras ser acusadas con la agravante de homicidio en razón de parentesco, aun cuando muchas de ellas sufrieron abortos espontáneos dadas sus condiciones de precariedad y de jornadas extenuantes de trabajo.

Según cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hay más de 432 carpetas de investigación abiertas contra mujeres por abortar entre enero y julio de este año.

Se calcula que en México, antes de estos avances sobre la despenalización, se llevaban a cabo entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos, y era la cuarta causa de muerte materna.

Destacaron que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un triunfo del movimiento feminista, los colectivos, las organizaciones de mujeres sindicales democráticas y políticas que no han dejado de luchar en las calles y de impulsar iniciativas para que deje de criminalizarse a quienes abortan. Sin embargo, la despenalización no implica que el Estado regule u otorgue dicho servicio para que la práctica sea segura.

Pacto por justicia

Por otra parte, Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, entre otras organizaciones, lanzaron la convocatoria para sumarse al Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género.

En el contexto del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, más de 30 organizaciones feministas, indígenas y de derechos humanos, así como instituciones académicas y de gobierno, destacaron que este pacto abre el camino para la construcción de un modelo de justicia abierta, centrado en la participación ciudadana, que genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la información y el acceso a la justicia para todas las personas, colectivos y pueblos, de tal manera que nadie se quede atrás.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, aseguró que con la pandemia ha quedado claro que las problemáticas sociales no pueden ser abordadas exclusivamente por los gobiernos, pues trascienden sus capacidades y requiere la participación de otros actores, la academia y, por supuesto, de las organizaciones de la sociedad civil.

Isabel Erreguerena, codirectora de Equis: Justicia para las Mujeres coincidió en que el Covid-19 ha mostrado la importancia de la sociedad civil para complementar la mirada de los gobiernos y solucionar los problemas actuales.