Todos los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF) están obligados a inaplicar las leyes o normas que se consideren contrarias a la Constitución, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La decisión permitirá dar aplicación plena a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, afirmó el ministro presidente Arturo Zaldívar.

El pleno de ministros modificó así el criterio que sostenía desde hace seis años, al señalar que también los tribunales colegiados de circuito pueden hacer control de constitucionalidad, conforme a lo que marca el artículo 1º de la Constitución, al analizar casos de amparo.

Por mayoría de nueve votos, la SCJN aprobó la nueva tesis propuesta por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que señala: “Los órganos del PJF en el juicio de amparo deben realizar control ex officio (de oficio) de constitucionalidad, tanto de las disposiciones procesales que aplican durante el trámite y resolución del juicio de amparo como de cualesquiera otras normas sustantivas o adjetivas aplicadas en el acto reclamado, o en el procedimiento que le preceda, de las que tengan conocimiento en el juicio de amparo”.

Esta facultad de control de constitucionalidad estaba restringida, según afirmó Zaldívar, por motivos extrajudiciales: la Corte Mexicana tardó mucho tiempo en reconocerlo por una simple razón, por una razón política de no perder el control y el monopolio de la constitucionalidad. Era una razón política.

Ahora, con la nueva decisión, juzgados y tribunales del PJF podrán analizar sus casos a la luz de la Constitución y de las Convenciones internacionales de Derechos Humanos, para dejar de aplicar las normas internas que, en su caso, sean contrarias a estos principios.

Al término de la sesión, el ministro presidente afirmó que esta decisión genera dar un paso decisivo hacia adelante en una protección completa de los derechos humanos en México, superando un precedente que me parece frustraba los beneficios de la reforma constitucional de 2011.