or si a estas alturas alguien tuviera dudas, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reiteró ante el pleno del Senado de la República que se acabaron los tiempos de las componendas entre los poderes público y privado, una práctica que fue norma en el régimen neoliberal, durante el cual, siempre a costillas de la nación, el primero armaba todo tipo de jugosos negocios ( moches de por medio) para el enriquecimiento del segundo, con plena impunidad como cereza del pastel.

Dijo Ramírez de la O que el administrador del gobierno federal no puede responder a los intereses de los grandes consorcios, porque se transita a un país sin brechas sociales, donde se va a consolidar la separación de los intereses privados; pese a esa separación, seguiremos colaborando con el sector privado para construir un México próspero, siempre poniendo por delante el interés de la ciudadanía. Se acabaron los enjuagues y los jugosos negocios para el gran capital (la minoría rapaz) facilitados por el gobierno en turno, tal cual procedieron los últimos seis gerentes que ocuparon Los Pinos. ¿Cuántas fortunas privadas de dimensiones pantagruélicas se amasaron en los 36 años de neoliberalismo, siempre con los bienes de la nación a su servicio?

El caso más ostentoso es el de los barones autóctonos marca Forbes. Si se cribaran esas fortunas de ensueño, amasadas durante el neoliberalismo, y se hicieran a un lado los beneficios obtenidos por privatizaciones, concesiones, rescates, salvamentos, subsidios cambiarios, reformas (como la energética), contratos leoninos, permanente cuan voluminosa asignación de obras y servicios a cargo del Estado (a precios inflados y sin que ello significara calidad ni terminación del encargo por el que cobraron), voluminosa devolución de impuestos, evasión fiscal legalizada (como la ley del outsourcing que les regaló Borolas) y un sinfín de etcéteras por cortesía de los gobiernos gerenciales, ¿qué quedaría de esas riquezas acumuladas?

Ramírez de la O fue claro: la separación de los intereses públicos y privados no es nueva ni exclusiva de México, ya que otros países ya la vivieron y experimentaron con éxito esta transición, que permite a largo plazo usar los recursos públicos de manera más eficiente, ya que se eliminan costos excesivos por condonaciones fiscales, insuficiencia de fiscalización y una serie de huecos que tiene el sistema anterior. México ya se está beneficiando de esta separación de intereses y los resultados más tangibles son los cambios que se dieron en 2020, en el que pese a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y la económica, la recaudación de los ingresos tributarios aumentó en aproximadamente un punto porcentual del PIB y esta tendencia se ha mantenido en 2021.

Por cierto, en la mañanera de ayer el presidente López Obrador dijo que muchas grandes empresas nacionales y sus dueños se echaron a perder por la ambición y el ejemplo de voraces consorcios trasnacionales que convirtieron a México en su paraíso, amparados siempre por sus influencias y la corrupción.

Y recordó que Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda en dos sexenios, decía “que estaba permitido hacer negocios y era necesaria la participación de las empresas. Coincido con él, pero decía algo en lo que también coincido, que se tenían que procurar ganancias razonables, es decir, márgenes de 10, 15, 20 por ciento; pero esto no era así, eran atracos; a veces se entregaba el anticipo y se fugaban, y como ya habían dado moche, soborno, no les hacían nada. Muy lamentable. Pues todo eso fue lo que llevó a la crisis a México, pero ya son otros tiempos”.

Las rebanadas del pastel

¡Cómo abundan los perseguidos políticos!: la conductora de televisión Inés Gómez Mont (sobrina del ex secretario calderonista de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a la vez abogánster del tóxico Germán Larrea) y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga (cercano a otro abogánster, Juan Collado, entre los preferidos de Carlos Salinas de Gortari) han sido acusados de lavado de dinero (apenas 3 mil millones de pesitos). La Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión, que se suman al ya grueso inventario de mártires de la democracia (Emilio Lozoya, Alonso Ancira, Ricardo Anaya, Carlos Morales y los que se acumulen, todos, casualmente, vinculados a malversación de fondos y otros delitos).

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