Morena y la oposición en el Senado continúan con las negociaciones para modificar la minuta de ley de juicio político y declaración de procedencia, cuya discusión en el pleno se frenó la semana pasada por la amenaza de PAN, PRI, MC y PRD de judicializar el nuevo ordenamiento, que desde su perspectiva tiene visos de inconstitucionalidad.

En realidad, el bloque de contención, y fundamentalmente el PAN, se opone a esa ley porque ve el riesgo de que se aplique contra sus gobernadores, sin que los congresos locales los salven de ser destituidos y sometidos a proceso penal, como sí lo logró la legislatura de Tamaulipas con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La nueva norma, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece en su artículo 35 que la declaración de procedencia, es decir, de desafuero de un gobernador, diputados y magistrados locales, se remitirá a la legislatura respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda, en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Las legislaturas estatales deberán publicar y comunicar tal resolución, para el efecto de que las autoridades locales o federales correspondientes actúen en consecuencia.

Es decir, el Congreso local deberá acatar el desafuero dictado por la Cámara de Diputados, lo que, a juicio del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera –quien participa en las negociaciones para dictaminar la minuta– es violatorio del artículo 110 constitucional. Ese artículo, recalcó, señala con claridad que la resolución de la Cámara de Diputados se envía al Congreso local para los efectos de legislación aplicable. Eso es lo que señala la Constitución y de ahí no nos vamos a mover.

Cuestionado sobre los argumentos de Morena en el sentido de que en el artículo 111 de la Carta Magna se señala que las resoluciones de la Cámara de Diputados, en materia de declaraciones de procedencia, son inatacables, lo que significa que las legislaturas locales no los pueden desatender, como sucedió en Tamaulipas, el senador Mancera respondió que eso nadie lo discute.

Lo que está a discusión, agregó, es el efecto de esa resolución y, en ese sentido, hay incluso fallos de la Suprema Corte que han dado la razón a congresos locales en situaciones similares.

–¿Eso significa que cualquier gobernador desaforado por delitos graves podrá estar tranquilo porque su Congreso decidió no acatar la resolución de la Cámara de Diputados?

–Es –respondió– un tema de federalismo, ya que en ese estado consideran que no es procedente y pues no lo es.

Hizo notar que un cambio como el propuesto en la minuta tendría que darse a nivel constitucional, no en una ley secundaria. Reformar, detalló, el artículo 110 de la Carta Magna, para precisar que tratándose de delitos federales, lo que resuelva la Cámara de Diputados es definitivo y las legislaturas locales deberán aplicar la sanción que corresponda, conforme a las leyes, ya sea separación o destitución.

Lo que el bloque opositor propone es que quede en la minuta el texto que está en el 110 de la Carta Magna. No inventemos, simplemente pongamos lo que está en la Constitución, señaló Mancera, quien confió en que haya un acuerdo para que la ley se discuta mañana lunes.