La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el titular del contrato colectivo de trabajo (CCT) de los obreros de la empresa metalúrgica Teksid Hierro México es el Sindicato Nacional Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Por unanimidad, los integrantes de la segunda sala del máximo tribunal del país determinaron que es fundado el recurso de reclamación 774/2021 del gremio minero contra la admisión del amparo directo en revisión 901/2021 interpuesto por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el cual fue revocado y se desecha el recurso de revisión en el principal y el adhesivo.

De esta manera, la SCJN ratificó la decisión de los trabajadores afiliados a la sección 327 para que el Sindicato Nacional Minero mantenga la titularidad del CCT de la metalúrgica Teksid, de Monclova, Coahuila, señaló el gremio.

En este sentido, exigió a la empresa que deje de actuar de manera ilegal y lo reconozca, en virtud de que continúa violando la libertad gremial, toda vez que, aunque tenga capital extranjero, no implica que no le apliquen las leyes mexicanas.

Desde el 28 de junio de 2018, el gremio que encabeza Gómez Urrutia ganó a la CTM el recuento por la titularidad del contrato, debido a que los obreros decidieron separarse de un sindicato cetemista representado por Tereso Medina, por servir a los intereses de la empresa y no a los trabajadores.

Desde entonces, la empresa y la CTM se opusieron a la decisión de la base obrera, retrasando más de siete años la justicia, con la complicidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), con falsos recursos legales.

En abril de 2014 los obreros de la planta protestaron contra la empresa, debido a que entregaba bajísimas utilidades, cuando la producción iba en aumento.

El caso fue expuesto incluso por Imelda Jiménez, obrera de la metalúrgica, ante la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris –en una reunión reciente en México–, donde narró que en 2014 los trabajadores realizaron un paro de labores debido a los bajos salarios, pésimas medidas de seguridad y la negativa de pagarles el reparto de utilidades que les correspondía.