Madrid. La Audiencia Nacional de España solicitó al Ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande-Marlaska, información concreta sobre la orden para repatriar, sin garantías jurídicas ni respeto a los derechos humanos, a más de 800 menores migrantes a Marruecos, tras la denuncia de al menos 30 organizaciones defensoras de derechos humanos y del Ministerio Fiscal responsable de los derechos del menor.

Esta medida se suma a la orden de una jueza de suspender 72 horas cualquier repatriación hasta que se aclaren las denuncias del proceso.

Desde el pasado día 13, el gobierno de Pedro Sánchez, formado por una coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), comenzó un proceso de repatriación conocido como entregas en caliente de más de 800 menores.

Ellos son parte de más de 3 mil menores que permanecen en la ciudad fronteriza de Ceuta, que viven en las calles desde mayo pasado o están recluidos en los centros de internamiento de extranjeros a la espera de que se resuelva su situación migratoria.

Violaciones a la ley

Ante la situación de emergencia, el gobierno llevó a cabo un plan de repatriación masiva en la que no respetó la ley de extranjería española, ni los tratados internacionales sobre el respeto a la niñez ni la Convención del Menor. Se limitó a apelar a un acuerdo bilateral con el gobierno marroquí que permite la repatriación expedita de menores sin registrar el caso en un reporte adminitsrativo, y sin que se haya otorgado una tutela judicial.

La Audiencia Nacional solicitó información al Ministerio del Interior sobre la orden de expulsar a los menores sin dilación que se giró mediante oficio el pasado día 10.

Según el titular del Interior, en un acuerdo previo Marruecos se comprometió a velar por los intereses de los menores que se trasladarán al Centro Martín, albergue ubicado en la localidad de Tetuán.

Grande-Marlaska, quien antes de su etapa de político fue juez, defendió sus acciones y sostuvo que se respetaron los derechos de los menores.

Miles de migrantes sin documentos lograron llegar a Ceuta procedentes de Marruecos el pasado 17 de mayo, sin que las autoridades de Rabat hicieran algo por evitarlo, lo que tensó en aquellos días la relación bilateral.