Zacatecas, Zac., La bancada de Morena en la 62 Legislatura local pretende aprobar la reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) que propuso hace dos meses el gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna, a sólo 23 días de que concluya el periodo constitucional de ambos poderes.

La polémica enmienda ha sido rechazada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como por jubilados y pensionados del gobierno estatal y ayuntamientos, quienes desde junio pasado rechazaron un posible albazo legislativo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados.

Este lunes, en conferencia de prensa, Jesús Padilla Estrada, líder de la bancada morenista, acompañado por los legisladores de su fracción Gabriela Pinedo y Omar Carrera –integrantes de la Comisión Legislativa de Parlamento Abierto– anunciaron que la reforma es inminente.

Los integrantes de Morena pretenden concretar la reforma al sistema de pensiones (que está en quiebra técnica, según Marco Vinicio Flores Guerrero, director general del Issstezac)antes de que su correligionario David Monreal Ávila asuma la gubernatura, el 12 de septiembre. Es decir, buscan cargar el costo político a Tello Cristerna.

El actual sistema ya está muerto

El líder de la fracción legislativa de Morena argumentó que con el actual marco legal el sistema de pensiones que tiene más de 24 mil derechohabientes ya está muerto y no se va a poder revivirlo. Este esquema de seguridad social, llegó a su fin. A alguien le tocará darle cristiana sepultura.

Padilla Estrada adelantó que este martes en la comisión permanente se presentará el dictamen elaborado por la comisión de Parlamento Abierto.

En los días siguientes –antes de la transición gubernamental–, la Comisión Permanente convocará a un nueva sesión extraordinaria para someter a votación en el pleno el dictamen.

La iniciativa busca, entre otras modificaciones, incrementar de 12 al 16 por ciento las cuotas de los trabajadores al sistema de pensiones, además de vender alrededor de 25 inmuebles y negocios que son patrimonio de los derechohabientes.