Los derechos reproductivos, incluido el aborto, no pueden ni deben someterse a ningún tipo de consulta, hacerlo sería un retroceso, aseguró el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En el informe Ni un paso atrás, la garantía del acceso al aborto legal en México y las consultas populares, GIRE expone que los derechos no se consultan ni se otorgan, se reconocen por parte del Estado. Además, no se debe someter a consulta lo ya establecido en el marco jurídico nacional.

En el análisis, explica que en México y el mundo “el avance en el reconocimiento de los derechos reproductivos es una conquista histórica de las mujeres. Por más que se continúe con el debate público sobre la despenalización del aborto, someter a consulta –popular o ciudadana– lo ya reconocido en nuestro ordenamiento jurídico sería un retroceso injustificado” en la materia.

Advierte que los derechos humanos corresponden a todas las personas en igual medida y no constituyen concesiones por parte del Estado. Por lo tanto, no pueden ser negociables ni tener que someterse a decisiones políticas o aprobación de mayorías que puedan poner en peligro su protección.

En este sentido, las opiniones que exprese la ciudadanía al ejercer su derecho democrático, no pueden legitimar, ni siquiera por medio de una votación unánime, el desconocimiento de los derechos humanos ya consagrados en nuestra Constitución y reconocidos en los tratados internacionales ratificados por México.

Recuerda que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado en repetidas ocasiones que sobre el tema del aborto, al haber posturas encontradas a favor y en contra, lo mejor sería consultar a la ciudadanía. Hasta ahora no ha determinado la naturaleza de la posible consulta, la materia específica a consultarse ni sus posibles consecuencias, especialmente considerando que el aborto es una materia que se regula a nivel local en México.

El grupo de información hace énfasis en que los mecanismos de democracia directa acarrean el riesgo, debido a su inevitable simplificación de las cuestiones y las opciones limitadas que ofrecen, de restringir derechos. De esta manera, “sin filtros adecuados ni procesos transparentes que permitan el acceso real a dichos mecanismos, los resultados –u objetivos ocultos– de votaciones mayoritarias pueden acabar sancionando situaciones injustas o contrarias al marco de los derechos humanos reconocidos actualmente”.

Cortes constitucionales de algunos países latinoamericanos han señalado que existen contenidos intangibles o intocables para las personas, es decir, materias que no pueden ser decididas a través de mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares, éste es el caso de las cortes de Colombia y Costa Rica.