A más de un año de que el Congreso aprobó la Ley de Amnistía para liberar de la cárcel a mujeres procesadas por los delitos de aborto, contra la salud, sedición y robo sin violencia, además de integrantes de grupos vulnerables, como indígenas que no han tenido el debido proceso, sólo se ha liberado a cinco personas, se advierte en un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

En el documento se precisa que según los datos aportados por la Comisión de Amnistía, que es el órgano encargado de recibir las solicitudes, hasta fines de enero pasado había mil 115 expedientes con casos de presos para dictaminar, de los cuales 942 eran hombres y 173 mujeres.

De ese total de procesados que pide sean amnistiados 67 son indígenas, se detalla en esa investigación del IBD titulada Avances en el proceso de implementación de la Ley de Amnistía a un año de su entrada en vigor. Se hace notar que sólo en cinco entidades de la República –Hidalgo, estado de México, Sinaloa, Tlaxcala y Durango– se ha aprobado una ley de amnistía estatal armonizada con la federal.

La intervención del Senado, se señala, resulta fundamental en el seguimiento de todos los procesos que giran en torno a las amnistías, con el fin de garantizar que sea un mecanismo de justicia eficiente, efectivo, rápido y de fácil acceso.

Además, es imprescindible “seguir avanzando en otras acciones institucionales integrales y complementarias que ayuden a garantizar la no repetición de hechos similares y poder cumplir con el objetivo real del mecanismo de que hay personas procesadas y encarceladas por delitos que no deben existir.

Por ejemplo, es necesario avanzar en la despenalización del aborto para evitar que se siga encarcelando a las mujeres que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos.