Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la autonomía para decidir sobre sus cuerpos son reconocidos por todos, pero no hay voluntad política para que se cumplan. Así ha sido, a pesar de que hace casi tres décadas, los países se comprometieron con esa agenda en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo. La expresión de ese rezago está en la mortalidad materna, los embarazos adolescentes y las necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos, afirma Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés).

En entrevista, explica que superar el atraso en esos tres temas –llevarlo a cero– está en las metas del plan estratégico del organismo, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, y México tiene un papel protagónico, pues hasta ahora es el único que se propuso evitar los embarazos en jóvenes menores de 19 años de edad. Avanzar en esta materia repercutirá en los otros dos, pues significa garantizar el acceso a servicios integrales de salud.

Robinson está de visita en nuestro país, es su primera salida tras más de año y medio de confinamiento por la pandemia de Covid-19, la cual, dice, también tuvo un impacto negativo en la salud de las mujeres; y por la suspensión de las consultas médicas prenatales aumentó la mortalidad asociada con embarazo, parto y puerperio. Además, los primeros servicios que cerraron fueron los de salud sexual y reproductiva; por lo tanto, subieron los embarazos no deseados.

–¿La desigualdad, así como la salud sexual y reproductiva, son temas pendientes?

–Sí. El fondo (Unfpa) está abocado a construir una mejor sociedad con enfoque en la igualdad de género en sociedades donde prevalece la negación de derechos de la mujer. Desde 1994 vimos que la preocupación no debería ser la política de población, sino los derechos de las personas. Ahora, el plan estratégico contiene tres ceros: cero mortalidad materna, cero embarazos adolescentes y prácticas nocivas (matrimonio infantil, mutilación genital femenina) y cero necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos. Con los gobiernos estamos obligados a lograr esto. Son temas relevantes para Latinoamérica y el mundo porque sin equidad de género no hay desarrollo sostenible.

–¿Qué ha pasado con la mortalidad materna?

–Latinoamérica ha tenido grandes avances, pero hay sectores con rezagos: mujeres indígenas, con discapacidad, jóvenes y afrodescendientes reportan tasas elevadas de defunción y pasa en los países no desarrollados. En los desarrollados las mujeres no se mueren porque hace mucho tiempo sabemos qué hacer para evitarlo.

–¿Qué ha faltado?

–En mortalidad materna, voluntad política para asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud, eviten embarazos no deseados y abortos inseguros. Es muy importante, sobre todo las adolescentes, que puedan decidir, y si van a tener relaciones sexuales, que cuenten con los métodos anticonceptivos.

Es complicado, porque además de la responsabilidad del gobierno, involucra un cambio cultural que reconozca la autonomía corporal de las mujeres. Eso es lo que aborda el Informe sobre el Estado Mundial de la Población 2021. Es inadmisible que la mitad de la población no pueda decidir sobre su cuerpo, cuando es el primer elemento para poder tomar decisiones sobre la vida. Parece simple pero es un cambio profundo que también se enfrenta a estructuras patriarcales arraigadas.

–¿Las limitaciones presupuestales afectan?

–Sin duda, hay que dedicar recursos para todos, pero una prioridad es algo que tiene dinero detrás.

–¿La prolongación de la pandemia retrasa el cumplimiento de los objetivos?

–Hay ese riesgo. Los servicios de género fueron los primeros que se suspendieron por la disminución de personal y el confinamiento que continúa. En mortalidad materna, el impacto es por las mujeres que han tenido Covid-19 y porque dejaron de darse las consultas prenatales. En muchos contextos no se considera un servicio indispensable.

–¿Cómo evalúa el Programa 2020-2024 del Fondo de Población con México?

–Coincidimos en el objetivo de lograr cero embarazos adolescentes. Es un asunto de derechos humanos, generación de equidad y desarrollo. El costo del problema es para la familia, la sociedad, el país, pero antes que nada para la persona. Las madres adolescentes truncan su proyecto de vida y están condenadas, en general, a mantenerse en condiciones de pobreza.

México es el único en Latinoamérica que busca llegar a cero embarazos adolescentes y tiene un enfoque integral que incluye el empoderamiento de las niñas, acceso a la educación sexual integral y la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva. Para el gobierno es una prioridad. Lo dice el Presidente, la Secretaría de Salud y hasta la cancillería. Cuando hay una voluntad de ese tipo se traduce en inversión económica y se emprenden acciones.

–¿En cuánto tiempo se verán los resultados?

–México no lo hacía mal, pero necesita una aceleración. En cuatro años debe haber avances y una tendencia clara, pero el plazo –y es realista– es 2030 con los ODS.

–¿La austeridad republicana que aplica el gobierno puede ser un obstáculo para el avance de los programas?

–No lo veo así. En Latinoamérica el problema no es la falta de recursos, sino que no se usan para lo que deberían. Por eso somos la región más desigual del planeta. No somos malos en generar riqueza, sino en generar equidad. Con el gobierno de México no hemos sentido eso, ni que haya una reducción que ponga en peligro la estrategia.

–¿Cuál es su visión para el futuro?

–Ha sido importante empoderar a las mujeres y sigue siendo un reto. Sobre los cuerpos de las mujeres deciden varios, se legisla sobre ellos a diferencia del cuerpo de los hombres y es una anomalía que la mitad del planeta esté sujeta a que otra gente decida. Se requiere un cambio profundo. En los empleos, es fácil que la mitad de los trabajadores sean mujeres, pero no tanto que se les pague igual.

En Latinoamérica hay cambios y México es prueba de ello por acciones que parecen simples, como que la mitad de los integrantes del gabinete son mujeres. Es una expresión de la conciencia de que las cosas tienen que ir cambiando.