Cada año más de 500 mil armas cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos a México, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En 2019, con esas armas se cometieron 17 mil homicidios dolosos en territorio mexicano. Se estima que los daños derivados del tráfico de armas pueden ascender a 1.5 por ciento del producto interno bruto.

El litigio entablado por el gobierno mexicano incluye como demandadas a fabricantes y distribuidores de fusiles calibre .50 y rifles de asalto como los AR-15 y WASR-10, modelos frecuentemente decomisados por autoridades mexicanas.

Casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México –entre 70 y 90 por ciento– fueron traficadas desde Estados Unidos.

Las afectaciones que reclama México incluyen proyectos de vida, familias y comunidades truncadas, altos costos por atención médica, afectación a infraestructura y equipos de seguridad, y pérdida de ingresos por comercio y turismo, entre otras.