Miércoles 4 de agosto de 2021, p. 8
En el gobierno federal sólo se sancionan dos de cada 10 faltas cometidas por servidores públicos, de acuerdo con el estudio Impunidad administrativa presentado ayer.
La investigación elaborada por académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la organización Impunidad Cero encontró que el Poder Judicial de la Federación es el que mejor castiga a sus funcionarios, pues sólo 14.56 de casos quedan sin resolución, mientras la institución federal con mayor impunidad administrativa es la Fiscalía General de la República, con 100 por ciento.
En el Poder Ejecutivo federal ese delito se redujo de 92.25 por ciento en 2018 a 84.80 en 2019, aunque en ese mismo periodo bajaron considerablemente las denuncias.
En Chihuahua y Querétaro, la mayor impunidad
En el ámbito estatal, los poderes ejecutivos de Chihuahua y Querétaro son los de mayor impunidad administrativa, con 97.2 y 91.3 por ciento, respectivamente, mientras sus pares de Nuevo León y Chiapas tienen los niveles más bajos, con 6.8 y -3.3 por ciento, respectivamente.
En los legislativos de Michoacán, Coahuila y Sonora es baja esa incidencia, con -36.5, cero y 8.7 por ciento, en ese orden. Mientras los de Puebla y Querétaro son los que más alto índice tienen, con 98.8 y 84.6 por ciento cada uno.
De acuerdo con la investigación, en México hay diversas vías para sancionar conductas inadecuadas de los funcionarios públicos. Una es el sistema de responsabilidades administrativas diseñado para investigar y castigar las irregularidades que cometan los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Esto es porque en el momento en que no realiza alguna de sus funciones de forma correcta o se beneficia de ellas indebidamente, comete una falta que afecta el buen funcionamiento de la administración pública. Los actos de corrupción de funcionarios públicos, como puede ser el abuso de funciones, generan faltas sancionables.
La falta de penalización en cualquier irregularidad hecha por los servidores públicos no sólo puede derivar en la comisión de delitos graves, como desvíos millonarios de recursos, sino que genera que sean lentos, ineficientes y de mala calidad, de acuerdo con los responsables del estudio.
