La propuesta de reforma constitucional sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos es un buen punto de partida para reconocer las garantías básicas de ambos grupos poblacionales, pero para hacerlas operativas es fundamental que se escuchen las inquietudes de las comunidades y se destinen recursos suficientes para llevarlas a la práctica.

Así lo afirmaron académicas y activistas especializadas en temas de pueblos afrodescendientes, quienes consideraron que la iniciativa del actual gobierno puede dar lugar a políticas públicas adecuadas para este colectivo en particular, entre las cuales debería estar su mayor inclusión en la educación formal, el empleo y los puestos de representación popular.

Beatriz Amaro Clemente, integrante de la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento, consideró que la reforma –hoy en proceso de debate en foros nacionales– es una buena oportunidad para mejorar el seudo reconocimiento que se alcanzó en 2019 de los derechos de este colectivo, el cual tuvo mucho eco mediático, pero no otorgó derechos específicos ni definió bien al sujeto jurídico que deseaba beneficiar.

Comparativamente, con el reconocimiento que tenemos hoy, esta es una reforma mucho más rica, que sí nos reconoce como sujetos de derecho, pero puede ser perfectible. Queremos que la versión final sea operativa y se puedan generar políticas públicas específicas para las personas afrodescendientes, indicó.

Además de contar con un presupuesto suficiente para llevarse a la práctica, dijo, la iniciativa debe reconocer el papel sustantivo de los pueblos afromexicanos en la composición pluricultural del país, generar un esquema de castigo de la discriminación racial y proteger los derechos de las mujeres de este colectivo.

Para Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, algunos de los aspectos que deben impulsarse para que la iniciativa tenga un valor real son establecer un porcentaje mínimo de legisladores afrodescendientes en el Congreso, incluir a este colectivo en la enseñanza oficial de la historia, impulsar campañas antidiscriminación y crear una comisión especial del gobierno para tratar los asuntos relacionados con los afromexicanos.

Itza Varela, profesora e investigadora del Centro de Estudios de Género de El Colegio de México, lamentó que los derechos y la propia existencia de los pueblos afromexicanos sigan invisibilizados y enfatizó que para entender el tema es necesario recordar que los afrodescendientes no son un bloque homogéneo de personas.

En ese marco, consideró que una acción importante que debería impulsarse en la reforma constitucional es el lanzamiento de becas especiales para el mayor acceso de las personas afromexicanas a la educación, desde los niveles más básicos hasta los más altos, incluyendo su formación como docentes e investigadores.