Funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche, en complicidad con los dirigentes locales del sindicato petrolero, ponen en riesgo la vida de sus trabajadores al pasar por alto las medidas contra el Covid-19 y obligarlos a laborar, aun con síntomas de ese virus, denunció la senadora de Morena, Cecilia Sánchez García.

Sostuvo que el personal de almacenes, ubicados en Ciudad del Carmen, debió acudir a trabajar pese a dar positivo en pruebas de coronavirus, lo que ya provocó varios decesos, entre éstos el de Ana María Domínguez, trabajadora de limpieza, quien perdió la vida el pasado 22 de junio en el Hospital de Pemex.

Domínguez, de acuerdo con la senadora, reportó a sus superiores que se contagió de Covid-19 y que se sentía mal, pero su jefe inmediato, Fernando Cancino Payró, subdirector adscrito a la Superintendencia de Administración Patrimonial Costa Afuera, la obligó a trabajar, bajo la amenaza de rescindir su contrato en caso de que no se presentara. El 15 de junio, la trabajadora se desvaneció mientras realizaba sus labores y fue trasladada al hospital de la empresa, donde murió una semana después.

Actualmente, agregó Sánchez García, hay ocho trabajadores más que dieron positivo, mientras en el edificio de Cantarell hay cinco personas contagiadas, dos de ellas de gravedad. Reiteradamente hemos denunciado que no hay medidas de desinfección ni de higiene en los centros de trabajo de Pemex en Campeche, o que son insuficientes.

La senadora de Morena hizo la denuncia ante la Comisión Permanente, en la que solicita la intervención del director general de Pemex, Octavio Romero, y de las autoridades de la Secretaría de la Función Pública.

Expuso que, además de Cancino Payró, los responsables de poner en riesgo la salud de los petroleros son el superintendente de Servicios Corporativos, José Manuel Uscanga Sánchez y Faustino Cobos Lozano, SPA Unidad Regional de Servicios Corporativos Marina, a los que pidió se les sancione de forma ejemplar.

Esos funcionarios, sostuvo, por actuación u omisión, son los responsables de la muerte de Ana María Domínguez, de su compañero Sergio Alfonso Peralta Vargas y de Lesly del Carmen Notario Ruiz, del departamento contra incendios.

Asimismo, Cecilia Sánchez García resaltó que los dirigentes sindicales están en contubernio con los funcionarios citados. Mencionó al actual secretario general de la Sección 47 del sindicato petrolero, Víctor Hernández Colunga, y a su antecesor Víctor Kidni de la Cruz, quienes, en lugar de vigilar que se respeten los derechos de los trabajadores, se han distinguido por su ausencia durante la pandemia y sólo han aparecido en eventos de campaña del PRI.

Ambos, dijo, impulsaron a Cancino Payró como superintendente, por lo tanto no es de extrañar que una vez más encubran a funcionarios, a quienes tampoco les interesa la salud ni la vida de los sindicalizados.