l asedio a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas por parte de grupos caciquiles, empresas trasnacionales y crimen organizado elevó la violencia con la complacencia de los gobiernos neoliberales, que dieron la espalda a los postulados de la reforma de 1917. La traición se consumó cuando se dio preminencia a los derechos adquiridos por los inversionistas, pisoteando los derechos históricos de los pueblos indígenas. Las disputas por el agua, el bosque y las minas se dirime con las armas en la mano. Con la irrupción de grupos criminales, especializados en causar terror, la población indígena no tiene otra alternativa que resistir o dejar sus tierras. Las autoridades y líderes comunitarios que enfrentan los embates de los invasores son desaparecidos y asesinados.

Los 68 pueblos indígenas que se reconocen en nuestro país ejercen su autonomía de facto. Se han organizado para defender sus territorios y regirse bajo sus sistemas normativos; aplican la justicia comunitaria y nombran a sus policías, como los principales guardianes de los derechos del pueblo. Sus líderes y autoridades son los sabios y sabias de la comunidad, que ejercen el poder como servicio, sin embargo, para los gobernantes son retrógrados por oponerse a los megaproyectos extractivistas.

Con el fin de prevenir y atender los actos de criminalización, violencia e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas, la ex relatora especial de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, lanzó la iniciativa para prevenir la criminalización e impunidad contra los pueblos indígenas de Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia. En nuestro país hemos conformado un grupo de organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas, como parte de esta iniciativa, para monitorear la situación de riesgo y amenazas que enfrentan los pueblos y sus autoridades.

En este primer semestre hemos documentado asesinatos de indígenas como represalia a sus luchas por la defensa de sus derechos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora. En el municipio de Aldama, Chiapas, en la región de los Altos, se libra una disputa territorial que nos remite a 1970, entre los ejidos colindantes de Manuel Utrilla en Chenalhó y Aldama, por 60 hectáreas. Las comunidades tzotziles han reportado el asedio de grupos armados. Han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a estos grupos, que de manera permanente mantienen amenazadas a las comunidades, disparando con armas de fuego contra la población civil. Tan sólo en 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó, en un periodo de 17 días, 56 agresiones armadas contra 12 comunidades de Aldama. Se han reportado 3 mil 499 personas en desplazamiento forzado intermitente, 23 heridos de bala y siete personas asesinadas.

En Oaxaca, el pasado 28 de marzo, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna, quien fue parte del movimiento por la defensa del río Verde. También fue atacado a balazos el 23 de enero Fidel Heras Cruz, presidente del comisariado ejidal y defensor del territorio. El 14 y 15 de marzo fueron abatidos los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, de la misma comunidad. Paso de la Reyna es una comunidad indígena de 500 habitantes, en donde por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica han perdido la vida cinco personas en tres meses.

En Zitácuaro, Michoacán, cinco comunidades purépechas se organizaron para contener el avance del crimen organizado. Este desafío ha costado sangre: María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021 Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados en medio de sus tareas, como parte de la ronda comunitaria, sin que las autoridades hayan realizado las diligencias en el lugar de los hechos ni expedido las actas de defunción. Ante este escenario infame se suma el asesinato de Manuel Carmona Esquivel, consumado el 17 de febrero.

En el sur de Sonora, en territorio yaqui, el 27 de mayo fue desaparecido su vocero Tomás Rojo Valencia. A casi un mes, la Fiscalía General de Justicia de Sonora notificó en un comunicado que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible crimen se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio y más de 20 yaquis desaparecidos.

Es preocupante la inacción del Estado ante la falta de resultados en las investigaciones y el clima de violencia e impunidad que persiste en un territorio sagrado, donde la disputa por el agua ha hecho correr la sangre de sus líderes.

El afán de justicia de los pueblos indígenas es un imperativo comunitario, que emplaza al gobierno federal para realizar una transformación de fondo de las estructuras políticas, jurídicas y económicas que sojuzgan a los pueblos y les impide ejercer sus derechos a plenitud. Sin este compromiso explícito, la violencia campeará en los territorios comunitarios. El luto seguirá marcando su derrotero histórico y los sueños de justicia quedaran truncos por el asesinato de sus autoridades y líderes comunitarios, que no debieron morir. Hay una alta responsabilidad de los tres niveles de gobierno para garantizar la vida comunitaria y la protección de los territorios indígenas, quienes además de preservar nuestros yacimientos naturales y culturales son el motor de una trasformación profunda.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan