Una vez que el Consejo Laboral del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) decidió incluir la migración laboral como una prioridad en su agenda, resulta fundamental que los gobiernos de México y Estados Unidos garanticen el acceso a servicios legales gratuitos a las personas que trabajan de manera temporal mediante las visas H-2, a fin de hacer efectiva la protección de sus derechos, señaló Evy Peña, directora de Comunicaciones del Centro de los Derechos del Migran-te (CDM).

El pasado 29 de junio dicho consejo se reunió por primera vez y en su sesión pública discutió a profundidad temas como la eliminación del trabajo infantil; la implementación de la reforma laboral y democracia sindical, así como políticas clave para los trabajadores migrantes.

En entrevista, Peña expresó su optimismo al saber que la protección de las personas migrantes, sobre todo desde una perspectiva de género, no sólo se puso sobre la mesa, sino que parece ser una prioridad” en la implementación del Capítulo 23 (laboral).

Respecto a los testimonios de trabajadores migrantes que recabó el CDM para mostrar cómo las leyes estadunidenses violentan sus derechos laborales –fraudes en el reclutamiento, falta de contrato y acceso a la justicia–, comentó que fueron retomados por los gobiernos de México y Estados Unidos, lo cual indica una disposición de hacer del tema una prioridad.

Sin embargo, la especialista señaló que en la actualidad los programas de visas de trabajo son unilaterales, carecen de una supervisión adecuada, y además son un mecanismo que depende de los empleadores estadunidenses e incentiva los abusos contra las personas migrantes, principalmente las mujeres a lo largo de su trayecto migratorio.

Tales programas de empleo están estructurados de dos formas: visas H-2A, agrícolas y sin límite en el número de permisos, y H-2B, para trabajos no agrícolas, con la que la mayoría de las mexicanas trabajan, y se otorgan 22 mil visas anuales.

Por ello, puntualizó, es importan-te que el gobierno de Estados Unidos tenga transparencia en los procesos de reclutamiento, “que exista un registro para los programa de trabajo temporal, sobre cualquier persona que esté relacionada en la contratación de personas migrantes.

Debemos asegurarnos de que tengan acceso a servicios legales. De lo contrario, apuntó, los empleadores –de quien dependen las visas H-2– no verán la necesidad de cumplir con el respeto de sus derechos.

Creemos que es un excelente momento para que ambos países lleguen a una resolución incluyente y accesible, que tenga un impacto significativo en la vida de las personas migrantes y que sea, sobre todo, desde una perspectiva de género, subrayó Peña.