Madrid. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron a las autoridades de ese país a establecer la verdad de lo ocurrido y a sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de la activista ambientalista indígena Berta Cáceres, ante las denuncias de posibles riesgos a la independencia judicial.

Ambas organizaciones insistieron en que se debe evitar que quede impune el homicidio, ocurrido en marzo de 2016, de la defensora de derechos humanos, líder indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Desde su asesinato, tanto la CIDH como la Oacnudh han seguido la investigación y el desarrollo del juicio, y han reiterado su preocupación por las constantes dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial.

Recordaron que los deudos de Cáceres y el Copinh han denunciado, en las diferentes etapas del juicio, diversos obstáculos, incluidos la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas.

Apuntaron que la pandemia agravó los problemas preexistentes del sistema de justicia hondureño, lo que afectó la transparencia de ésta y otras causas, lo que genera preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo y al debido proceso.

Además, no se permitió a la Oacnudh ni a otras organizaciones nacionales y misiones internacionales la observación presencial de las audiencias del juicio oral y público que actualmente se desarrolla contra uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de la líder indígena.

En Honduras, las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho, recordaron el organismo de la ONU y la CIDH.

Cáceres, que lideraba la oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena, fue asesinada a tiros en su casa el 2 de marzo de 2016. La CIDH había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.