a semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Sala Segunda tomó una resolución histórica que viene a reivindicar el derecho constitucional a la huelga, plasmado en el artículo 123 de la Carta Magna. Fue una decisión unánime relacionada con reafirmar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en favor de los trabajadores de la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros, ubicada en San Martín Sombrerete, Zacatecas. Esta postura del más alto tribunal del país se tomó en contra de un sindicato blanco, charro, que la empresa Grupo México de Germán Feliciano Larrea había introducido ilegalmente, por la fuerza, para terminar con la huelga legítima de los mineros estallada desde el 30 de julio de 2007.

Tuvieron que pasar casi 14 años para que se hiciera justicia, ya sin la intervención de los gobiernos panistas y priístas anteriores, que actuaron en contubernio, por corrupción y con una complicidad cínica y descarada en favor de la empresa de Larrea. La SCJN fue contundente al reafirmar que durante una huelga, las relaciones laborales están suspendidas y por tanto no se puede conformar un padrón de los trabajadores y menos violentar bajo ninguna circunstancia el propio conflicto por el cual se estalló la huelga. Por tanto esta es una reivindicación de este derecho que no es más que el último recurso que tiene un trabajador para defender y proteger sus intereses, el cual algunas empresas estaban manipulando y querían intervenir para desaparecerlo.

Es más, el Congreso Constituyente de 1917 definió esta trascendental teoría al confirmar que la huelga no es el conflicto, sino la solución al mismo. Larrea y su grupo México ya habían intentado en otras ocasiones romper con la huelga, utilizando un grupo de golpeadores al servicio de la CROC y fracasaron. Después volvieron a intentarlo con una camarilla de golpeadores y drogadictos armados que tomaron la posesión de la mina temporalmente, organizando sus fiestas y orgías adentro y con la complacencia de la empresa que había promovido el asalto ilegal, violento y arbitrario, contra los verdaderos y auténticos mineros.

Esas acciones de terrorismo empresarial son precisamente las que han obstaculizado hasta ahora que México se transforme en una nación moderna con democracia, libertad y justicia. Con esa mentalidad obsoleta y retrógrada, los Larrea, Bailleres y Ancira Elizondo representan una época oscura y tenebrosa del esclavismo disfrazado y no han querido crear una nueva mentalidad empresarial, se oponen al desarrollo de un nuevo sindicalismo, a construir un nuevo país, una gran nación para el beneficio de todas y todos los integrantes de esta gran sociedad.

Lo que no saben esos empresarios, o no lo quieren aceptar, es que México ya cambió. Que hay nuevas reglas, estrategias y políticas que buscan privilegiar a los que menos tienen y a los grupos más atrasados y marginados de la población. Se oponen al proyecto de transformación económica, política y social y no comparten por supuesto, e incluso lo extrañan, que el poder económico ya no puede influir y decidir sobre el poder político, ni sobre la voluntad de las mayorías.

Por supuesto que no quieren perder sus privilegios, ni la comodidad de la arrogancia y la impunidad con la que actuaban con los gobiernos anteriores, pues gracias a ello, al tráfico de influencias y a la información privilegiada y la corrupción, fue que lograron acumular sus riquezas, al costo de la explotación indiscriminada de los recursos naturales y de la mano de obra nacional.

Hoy, algunos de ellos ya comenzaron a pagar sus excesos, sus culpas y su apropiación inmoral e indebida de los bienes del pueblo de México. Años les van a faltar para arrepentirse de su actitud despótica y de desprecio hacia los que menos tienen, a los trabajadores y al personal de sus empresas, y hacia esa nueva mentalidad que estamos tratando de impulsar, pues con su actitud no van a poder detener el futuro ni la historia. Afortunadamente estamos viviendo tiempos diferentes. En la actualidad corren otros vientos, retos y oportunidades en México y en el extranjero, en el mundo entero.

La mentalidad de esos empresarios y por la cual acumularon grandes fortunas, estuvo basada también en un modelo de desarrollo injusto y atrasado que desde hace 40 años se afianzó en México, que es congelar y reducir en términos reales los salarios que hoy están todavía, pese a los esfuerzos del gobierno actual, entre los más bajos de América Latina, cuando hace cuatro décadas eran los más elevados. Un esquema totalmente injusto contra los trabajadores y equivocado, pues sin poder adquisitivo no hay consumo, con lo cual se reduce la demanda y por tanto los estímulos a la inversión y se estanca el crecimiento económico. Esto lo señalé muy claro durante la presentación de mi nuevo libro El triunfo de la dignidad, el pasado 22 de junio en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México.

En esa misma ceremonia, durante mi intervención afirmé que no regresé a México de mi exilio forzado con ánimos de venganza o de revancha contra nadie, sino al contrario, como lo he venido haciendo, de una manera muy constructiva y propositiva para traer mayor prosperidad compartida y bienestar para todos. En ese momento propuse que es necesario cambiar de ideas para apoyar y ayudar a México y señalé: los daños. los ataques siniestros y perversos, llenos de rencor y odio deben quedar atrás. Esas cobardes y ruines agresiones no deben repetirse jamás, ni en nuestro país, ni en ningún lugar del mundo.

Terminé diciendo a los adversarios históricos: les propongo una tregua y les hago un llamado para privilegiar las coincidencias con este propósito y dejar atrás las diferencias. El momento actual y los mexicanos así lo demandamos.