La objeción de conciencia, que permite al personal médico negarse a participar en la interrupción legal del embarazo, está pendiente de ser revisada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su definición será necesaria para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, se señaló durante la presentación del Mapa global de normas sobre objeción de conciencia.

Para elaborar este mapa, la Red de Acceso al Aborto Seguro analizó las leyes de 179 países, donde encontró que sólo en 79 se reconoce la objeción de conciencia como un derecho individual, pero únicamente en 69 de ellos se le fijan límites.

Las autoras del estudio advirtieron que es necesario acotar esta opción, pues se ha dado el caso de personal de salud que trabaja en hospitales públicos y se niega a participar en una interrupción legal del embarazo, alegando principios morales o creencias religiosas, pero sí acepta realizar la intervención en nosocomios privados, donde obtiene mayor ganancia económica.

También alertaron sobre la creación de la objeción de conciencia institucional, un término incluido en las legislaciones de algunos países, que permite a hospitales enteros, como personas morales, oponerse a cualquier interrupción legal del embarazo dentro de sus instalaciones.

Al hablar del caso de México, Marisol Escudero, de la asociación internacional Ipas, destacó el hecho de que la regulación del aborto es materia de competencia estatal, por lo que existen 32 normas diferentes sobre el tema.

Agregó, sin embargo, que la objeción de conciencia está regulada por una norma federal, la Ley General de Salud, y que sus alcances están por definirse en la SCJN, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que esta práctica podría limitar el derecho a la salud de las mujeres.