on una constancia digna de mejores causas, la opinocracia vuelve una y otra vez sobre sus obsesiones para presumir su sapiencia. El tema eléctrico, en concreto, les causa intriga y rechazo ideológico. El uso de los generadores llamados limpios
los pone frente al espejo de sus añoranzas de ese pasado que juzgan correcto. Desde sus múltiples púlpitos reiteran los mantras del libre mercado, ombligo de sus varias reformas, en especial la energética. No dejan pasar ocasión para denostar el trabajo que se ha venido haciendo al respecto para, en efecto, regularizar el desequilibrado e injusto sector.
Usan, de forma tramposa, el malhadado hecho causado por la pandemia y sus graves efectos en la pobreza. En particular para achacar al gobierno su responsabilidad por los 9 millones de nuevos pobres. Un poco de cordura y menos deseos de ver fracasados los continuos esfuerzos oficiales por sacar de la miseria a cuantos más mexicanos se pueda. Lo importante es tener cualquier motivo para predecir el fracaso que le vaticinan de manera continua y hasta perversa.
Ya es hasta cansado volver sobre las pretenciosas peroratas del señor Elizondo Mayer Serra ( Reforma, 27/6) intentando demostrar errores en la operación de Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no existen. Más bien, los malos resultados en sus balances provienen, precisamente, de las indebidas ventajas que se dieron a las empresas privadas, en su mayoría extranjeras. Supone que las pérdidas reportadas por 27 mil millones de pesos provienen de una mala gestión presente. En realidad se deben a las deformaciones causadas tanto por la reforma de 2014 como por los abusos de muchas empresas en el renglón de los autoabastos. El déficit que tiene la CFE por la evasión privada en el pago de transmisión alcanza en los últimos tres años 22 mil millones. Las correcciones que se emprendieron para aliviar tan dañinas prácticas (ilegales) permitió a CFE dar un salto benéfico a sus finanzas, aunque éste fuera por cortísimo plazo. Durante estos mismos tres años, la CFE absorbió pérdidas de casi 7 mil millones de pesos anuales en promedio. Al igualar las tarifas de transmisión para todos los permisionarios (CRE) de inmediato y en el breve periodo de la vigencia de la ley (unos meses antes del amparo concedido en 2020) ese déficit bajó a sólo mil 400 millones de pesos. Aquí, precisamente, radica uno de los mayores intentos de corrección que se ensayan. No para eliminar las llamadas energías limpias (en realidad intermitentes y caras), sino para que los mexicanos no subsidien a los privados y les permitan obtener utilidades indebidas. Pero los alegatos para disfrazar dichas prácticas no cejan. Por el contrario, arrecian en tratándose de medios cómplices y convenencieros comentaristas neoliberales.
Las reformas de Enrique Peña Nieto se hicieron con promesas de atraer inversión y tecnología extranjera. Le agregaban miles de empleos por crear. Debe decirse que, en cuanto a la inversión directa todo quedó en el limbo. Quienes les proporcionaron a los permisionarios los necesarios recursos fueron los bancos oficiales. Poco, muy poco, provino de las matrices centrales. La tecnología en cuanto al medio eólico también fue nula y la fotovoltaica bien pudo ser adquirida con poco esfuerzo. En verdad todo radicó en las nulas actitudes patrióticas de los encargados de esas decisiones, por lo demás dispendiosas.
Antes de la susodicha reforma energética, CFE abastecía la demanda nacional y con precios de competencia. Pero, como la intención era desaparecerla, se abrió la inmensa brecha para que entraran al juego los intereses privados del gran capital internacional. Actuales proyecciones avisan sobre el posible destino irrelevante, como generador, para la CFE: 16 por ciento en 2029. Pocas empresas fueron las que acudieron a subastas, dadas las oscuras negociaciones entre pequeños grupos de europeos y estadunidenses. Los priístas fueron contrapartes protagónicos, junto con sus pares del Partido Acción Nacional.
En sus usuales y mentirosas sentencias de catástrofes, se pregonan apagones e incrementos en costos de prosperar las políticas actuales. El orden del despacho se propone arreglarlo con base, no en tratos oscuros y caros privilegios, sino con base en reales costos de generación. Entonces, tanto la nuclear como la hidráulica irán en primer termino.
A continuación seguirán las de vapor y luego las de ciclo combinado. Se terminará, por tanto, la consigna de no emplear la hidráulica para el respaldo a las intermitentes. En cuanto a la capacidad para atender el volumen de la demanda actual y futura no debe haber preocupación alguna. La suma de instalaciones públicas y privadas para satisfacerla (hasta 2048) rebasan, con mucho, tan necesaria igualdad. Lo cierto es que la ciudadanía deberá tomar conciencia de la imperiosa necesidad de finiquitar, tanto los ilegales mercados paralelos, como conductas tramposas que plagan y gravan el sistema actual.
