A pesar que México mantiene una cifra histórica en remesas, pese a la pandemia de Covid-19, con un monto superior a los 40 mil millones de dólares durante 2020, y de 14 mil 663 mil millones de dólares de enero a abril de este año, de acuerdo con cifras oficiales, el gobierno mexicano desconoce en qué condiciones se generan esos recursos, y cuánto de esas cifras realmente corresponde a envíos de un trabajador mexicano en el extranjero a sus familias, afirmó Gustavo Verduzco, profesor-investigador de El Colegio de México (Colmex), experto en temas de migración México-Estados Unidos.

En entrevista con La Jornada, destacó que datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, aluden que aproximadamente 250 mil migrantes connacionales tienen visas de trabajo agrícola (H-2A) y de servicios (H-2B), pero de ellos, el gobierno no tienen registros, no sabe absolutamente nada, incluidas sus condiciones laborales que, posiblemente, estimó, impliquen sobrexplotación.

Por lo que respecta al destino de las remesas, indicó que se emplean principalmente para el apoyo al consumo, le sigue la inversión en construcción y ampliación de vivienda o compra de un terreno y, los que tienen periodos prolongados de estancia en el extranjero, también destinan fondos para la educación de sus hijos. Otro de los rubros que se cubren, refirió, es el pago de deudas.

El especialistas del Colmex subrayó que, a partir de 2015, la mayor parte de la movilidad laboral ahora es documentada, para el caso de los mexicanos, pues a muchos pueblos acuden los enviados de los productores de Estados Unidos para contratar directamente la mano de obra. Se los llevan a los consulados del norte del país y obtienen las visas H-2A y H-2B para, finalmente, desplazarlos a casi todo el territorio estadunidense, en especial a California, Texas y Carolina del Norte.

Esta movilidad laboral documentada, afirmó, ocurre sin el conocimiento del gobierno de México, porque todo lo hacen directamente los productores enviando a sus contratistas y es por testimonios de migrantes que sabemos que enfrentan condiciones laborales de explotación.

Por lo anterior, el investigador instó a las autoridades federales a establecer programas binacionales para la contratación, como el suscrito hace 44 años con Canadá, según el cual, si bien no se han evitado todas las condiciones de explotación, tienen más protección que aquellos que se van a Estados Unidos.