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En desalojo violento de la Narvarte, la orden judicial era para otro inmueble
 
Periódico La Jornada
Domingo 27 de junio de 2021, p. 29

Los destrozos de paredes, tuberías, lavaderos y puertas para desalojar a 11 familias del edificio de Morena 1155, colonia Narvarte, que realizaron golpeadores según dijeron los residentes, se amparó con la presentación de una orden judicial que no coincide con la dirección ni la información de los demandados.

De acuerdo con el documento, del cual este diario tiene copia, se autorizó la diligencia contra la inmobiliaria Alda SA para que entregara el inmueble de “avenida Morena 145, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez”.

Sin embargo, al recorrer esa calle no se ubicó algún inmueble marcado con ese número y el predio donde causaron destrozos corresponde al 1155, además de que es habitado por 11 familias y no se encontraron datos de alguna inmobiliaria, mientras en la planta baja permanecen cerrados varios negocios dañados.

El señor Juan Salvador, quien atiende la tintorería La Morena, donde los sujetos dañaron la caldera, dijo que hasta el momento no se ha acercado personal del gobierno capitalino para apoyarlo con la reparación, mientras los encargados de la paletería La Morenita Michoacana coincidieron en que pagan su renta mensual y no han sido visitados por autoridades.

Dos paredes de este local, el baño, la puerta y una cerradura fueron destrozados con martillos y mazos que usaron los sujetos que sacaron a la calle cuatro congeladores con paletas y nieves, cuya pérdida no fue total porque el dueño de una taquería nos prestó la luz.

Sin embargo, los cables de la máquina que fabrica paletas fueron destrozados, dijo uno de los empleados, sin que hasta el momento conozca si el aparato volverá a funcionar.

En el caso del predio ubicado en San Pablo 68, colonia Centro, desde septiembre de 2020 el gobierno capitalino emitió la declaratoria por la que se determina como causa de utilidad pública el inmueble para que se construya vivienda de interés social y popular; sin embargo, un particular obtuvo la autorización para que en presencia del actuario responsable del juzgado 46 de lo civil realizara la diligencia de desalojo. En ambos casos los residentes regresaron a sus viviendas.