La decisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de agilizar el trámite del registro sanitario de medicamentos provenientes del extranjero está en revisión en dos juzgados de distrito en materia administrativa, los cuales resolverán sendas demandas de amparo interpuestas por laboratorios farmacéuticos.

Desde 2019 el gobierno federal ha modificado leyes, reglamentos y otros ordenamientos para facilitar la compra de medicinas fabricadas en otros países. Las autoridades explicaron que el objetivo era terminar con los monopolios en México y conseguir precios más bajos.

Uno de esos cambios se aplicó mediante un acuerdo que modifica el Reglamento de Insumos para la Salud para reconocer como equivalentes los registros sanitarios de medicinas para cualquier enfermedad que hayan sido autorizadas por las agencias reguladoras de Suiza, la Comisión Europea, Australia y la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La Cofepris también acepta los medicamentos y vacunas que estén en el programa de precalificación de la Organización Mundial de la Salud o hayan sido autorizados por las agencias reguladoras integrantes del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica.

El acuerdo que se publicó el 28 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación establece que en estos casos la Cofepris autorizará el registro sanitario en un plazo de cinco días hábiles.

El pasado martes, la comisión publicó también en el Diario Oficial, un agregado a ese acuerdo inicial, a fin de incluir a los dispositivos médicos. Se trata, indicaron funcionarios del organismo, de agilizar procesos y reducir los trámites burocráticos.

Por separado, los laboratorios farmacéuticos Medix y Bayer interpusieron demandas de amparo. El primero es el número 106/2021 y se encuentra en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. El 2 de agosto de 2021 se realizará la audiencia constitucional.

La demanda de amparo de Bayer es la 35/2021; será resuelta por el juzgado décimo sexto de distrito también en la capital del país. En este caso, el juez negó la suspensión definitiva del acto reclamado el 19 de abril pasado y la audiencia tendrá lugar el 2 de agosto próximo.