Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la declaratoria general de inconstitucionalidad, que eliminaría los artículos de la Ley General de Salud (LGS) que prohíben el consumo lúdico de mariguana, aún quedarían huecos legales para normar su producción y venta y la liberación de los detenidos por narcomenudeo.

Por ello es preciso que el Senado destrabe las leyes que vienen discutiéndose desde hace tres años, afirmó Zara Snapp, fundadora del Instituto RIA y una de las primeras personas que obtuvo un amparo para tener acceso al cannabis.

La SCJN resolverá este asunto la semana próxima, al votar la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, cuyo proyecto de resolución, elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, propone eliminar del marco legal mexicano cinco artículos de la LGS, que definen el consumo de la mariguana como ilegal.

Desde hace tres años, la primera sala de la SCJN emitió la jurisprudencia en la que señaló que estos artículos violan el principio constitucional de libre desarrollo de la personalidad y, en consecuencia, informó al Congreso de la Unión que la LGS debería ser reformada.

Sin embargo, tras pedir tres prórrogas para realizar estos cambios, el Senado no ha concluido su proceso legislativo, por lo cual la SCJN decidió retomar las riendas del asunto.

Para la fundadora del Instituto RIA, la SCJN está cumpliendo con su obligación constitucional, aunque la decisión que tomará no alcanzará para resolver del todo el tema de la mariguana. “La declaratoria general sólo va a modificar los cinco artículos de la LGS.

Lo que necesitaríamos, y que está contemplado en los proyectos de ley pendientes en las cámaras legislativas, es el beneficio de la ley para las personas que hoy están encarceladas por delitos que ya no serían delitos. Sí necesitamos esos artículos transitorios de una ley y no nada más la interpretación y modificación de la LGS. Va a quedar corta la decisión de la SCJN, pero sí, constitucionalmente es el paso que se debe tomar, explicó.

Para su aprobación, la declaratoria necesita mayoría calificada, ocho votos a favor de los 11 ministros del pleno. De éstos, sólo cuatro no han tenido que resolver amparos sobre el tema, y por tanto se desconoce si están o no a favor de la despenalización. Ellos son Luis María Aguilar, Yasmín Esquivel, Luis González y Margarita Ríos. Su voto, por tanto, será definitivo para la decisión que tome el pleno de ministros.