La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de mayo, al considerar que vulnera los derechos a la seguridad jurídica, la igualdad y no discriminación, así como a la libertad de trabajo y de acceso a un empleo público, además de los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La acción fue producto de un trabajo de diálogo, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con autoridades involucradas en el tema.

En un comunicado, la CNDH expuso que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la junta de gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Asimismo, en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Esta situación, señala, se debe a la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la FGR en diversas instituciones, pues sujeta su colaboración a un estricto respeto de su autonomía constitucional, es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y comisión de que se trate.

Entre los artículos que impugnó la CNDH están el 10, fracción I; 19, fracción XIV, de la Ley de la FGR; el 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos; el 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.